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De Vido también habló de “persecución”

Bajo la lluvia. El ex ministro De Vido ayer en Comodor Py

Por Redacción

El diputado nacional y ex ministro de Planificación e Infraestructura Julio De Vido afirmó ayer en la Justicia federal que la causa en que se investigan los supuestos favores en la obra pública durante el kirchnerismo al empresario Lázaro Báez pretende “criminalizar” a la ex presidenta Cristina Fernández, imputada en ese expediente.

“Esta causa es una más en la persecución de una política de gobierno contraria a los intereses de esta nueva dirigencia, que pretende cubrir con la creación y difusión de causas penales las propias deficiencias de su gestión de gobierno”, sostuvo en el escrito de descargo que presentó en la audiencia de declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini.

De Vido negó “haber beneficiado con ningún acto” a Báez e insistió con que “del total de la obra pública a nivel nacional, el Grupo Austral está en el puesto número 38” y solicitó “la realización de prueba de la obra pública en Santa Cruz y que sea extendida a todo el país”.

Los términos de su declaración coincidieron casi al detalle con la estrategia de Cristina Fernández, quien inauguró el lunes la ronda de declaraciones diciendo que no era “ni amiga ni socia comercial” de Lázaro Báez.

Hoy será el turno de declarar del empresario detenido (ver aparte) y mañana le tocará a José López, ex secretario de Obras Públicas y preso por enriquecimiento ilícito, tras llevado casi nueve millones de dólares a esconder a un convento de General Rodríguez.

De Vido advirtió ayer que se busca “judicializar un proyecto político por excelencia” y “criminalizar una forma de ejercer política”. Además consideró que “se somete a proceso penal a 17 ex funcionarios públicos por considerar de manera irresponsable, -más propias de una crítica de prensa amarilla que de un órgano judicial-, que son parte de una asociación ilícita por haber participado en actos de gobierno”.

El actual legislador reiteró que en materia de obra pública “en qué gastar, cómo y dónde” siempre ha sido “decisión del Poder Ejecutivo sometida al control del Poder Legislativo a través de la ley de Presupuesto”.

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