Un llamado anónimo al 911, que según indicaron a este diario calificadas fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, refirió a que en La Plata no se habrían cortado las prácticas ilegales de recaudación por parte de algunos miembros de la Policía platense, motivó ayer por la mañana una nueva inspección en la sede de la Jefatura Departamental La Plata, situada en la calle 12 entre 60 y 61.
El operativo fue desarrollado por auditores de la Dirección de Asuntos Internos que, siempre de acuerdo a los mismos voceros, revisaron cajones y muebles en distintos despachos, “sin encontrar nada relevante”.
La sospecha, siempre en base a la información brindada a EL DIA, es que nada cambió desde que el fiscal Marcelo Martini tomó a su cargo la causa que investiga la aparición de 36 sobres rotulados, con 153.700 pesos, que serían el resultado de maniobras de corrupción dentro de la fuerza.
Incluso los implicados en esta maniobra ni siquiera habrían tenido en cuenta que hay varios jefes policiales, algunos de ellos de alto rango, que ahora enfrentan un pedido de detención, el cual debe resolverse en una sala de la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad, tras distintas idas y venidas judiciales.
Al parecer, la intervención de Asuntos Internos de ayer tuvo correlato en otros operativos desarrollados en las últimas horas en localidades como 25 de Mayo, Almirante Brown y San Martín.
“Estamos detrás del tema. Los controles se intensificarán. Hay mucha información dando vuelta y creemos que no toda es falsa”, expresaron voceros oficiales.
En ese sentido, se conoció que los auditores de Asuntos Internos tendrían en su poder un informe de AVL, que registró el movimiento de los patrulleros locales después del escándalo de los sobres, el cual arrojaría una llamativa cantidad de viajes a la Departamental La Plata, siempre en los primeros días de cada mes.
Por este caso, trascendió que varios comisarios podrían ser citados a dar explicaciones.
Por último, se supo que los investigadores tampoco descartan la existencia de otros lugares en los que se recibiría el dinero resultante de las denunciadas prácticas de recaudación ilegal, por ejemplo en concepto de custodias, aprietes, juego clandestino o prostitución. Entre ellos, estarían las propias comisarías.
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