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No es que haya perdido el control de la situación, pero algunos hechos ocurridos en los últimos días pusieron al gobierno en la necesidad de replantear el escenario que preveía para fin de año. El GPS oficial no se encuentra desorientado en términos políticos, pero la economía no estaría ayudando demasiado a los funcionarios que día tras día se topan con una montaña de demandas.
En efecto los últimos 50 días de 2016, que será recordado como el primer año de Macri en el poder, pueden llegar a ser más agitados de lo que se pensaba. Sobre todo, en el terreno legislativo, donde la agenda incluye temas candentes como la emergencia social, el impuesto a las Ganancias y la ley de ART. En el fondo, se está discutiendo el enfoque conceptual de la economía.
El debate adquiere dimensión porque los indicadores de actividad no están dando señales de recuperación, por lo cual hay sectores políticos que avanzan con la idea de que el rumbo de la economía bajo la administración de Cambiemos no es el aconsejable para el país. Un ejemplo de ello es la polvareda que levantó Roberto Lavagna con fuertes críticas al “modelo” macrista.
El ex ministro de Economía comparó la actual situación con las políticas aplicadas por la última dictadura y por el menemismo. En un principio su opinión desconcertó al gobierno, que hizo silencio 24 horas antes de salir a responderle. Y luego apeló a la diplomacia, apuntando que se había extralimitado con sus apreciaciones por motivos políticos, dada su cercanía a Massa.
Paradójicamente, las declaraciones de Lavagna tampoco cayeron bien en el kirchnerismo. No porque allí piensen distinto sobre el plan económico de Cambiemos, sino porque sus dirigentes lo vienen denunciando desde el minuto cero de la gestión macrista, pero sus consideraciones no tienen el mismo impacto público dado el desprestigio en el que se sumergió el espacio político.
Otro ejemplo del debate que se está desarrollando sobre la economía es la presión que ejercen distintos sectores con poder de movilización para que se sancione la ley de emergencia social. La manifestación del viernes frente al Congreso fue una clara señal de advertencia para el gobierno, porque reunió inéditamente a los gremios orgánicos de la CGT con los movimientos sociales.
La demostración tuvo un efecto concreto: el gobierno decidió no bloquear el debate de la iniciativa en la Cámara de Diputados, como lo habían pergeñado los operadores del PRO y la UCR para no dar quórum en una sesión especial prevista para el jueves. La novedad política fue comunicada por el ministro Frigerio, quien lleva buena parte de la relación con la oposición.
El ministro del Interior no puede darse el lujo de patear el tablero y enterrar la emergencia social, tal como quisieran los seguidores de Cambiemos que consideran el proyecto como “populista y demagógico”, porque necesita encauzar la negociación para que no caiga definitivamente la reforma que le encomendó el Presidente para que en 2017 se vote con boleta electrónica.
De hecho, la reforma electoral que impulsa el gobierno será incluida en el decreto -que firmaría Macri en los próximos días- para convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso. Esa movida se hará dando por descontado que la mayoría peronista en el Senado introducirá modificaciones al proyecto gubernamental, con cuestionamientos tecnológicos y a los plazos de implementación.
Más allá de discusiones técnicas u oprativas, hay un dato innegable: la boleta de papel no se sostiene más. Atrasa y contribuye a opacar el sistema electoral de la Argentina.
La mayoría de los gobernadores del PJ, a quienes responden esos senadores, vienen de prometerle al Presidente en un encuentro en la quinta de Olivos que apoyarán la reforma electoral, pero Frigerio y su secretario Adrián Pérez cayeron en la cuenta de que no todo era tan lineal y que debían hacer algún replanteo a la estrategia, si no querían cargar con el fracaso.
En última instancia, al Presidente siempre le quedará la posibilidad de emparentar al PJ con la vieja política que quiere que se siga votando con la boleta de papel para asegurar la actividad de los punteros. Pero eso ocultaría que el propio Macri le prometió a la sociedad un avance sobre la forma de votar, en medio de la campaña presidencial, tras el patético episodio de Tucumán.
Otra promesa del entonces candidato a la sucesión de Cristina Kirchner fue modificar el impuesto a las Ganancias, algo que no sucederá este año, aunque la discusión se iniciará en las sesiones extraordinarias de diciembre para que los cambios comiencen a aplicarse desde el primero de enero de 2017. Igualmente, no todos en el gobierno piensan en el recorte de los impuestos.
Por caso el titular de la AFIP, Alberto Abad, comentó con ironía en un reciente encuentro del Gabinete económico que difícilmente la recaudación impositiva pueda mejorar si los legisladores se la pasan “tarjeteando en el Congreso”. Esto es, dando beneficios para distintos sectores de la sociedad que luego tienen un impacto directo en el déficit fiscal, que sigue siendo muy alto.
En ese contexto, el propio Macri anticipó días atrás a los gobernadores que lo visitaron en Olivos, que el año próximo tanto la Nación como las Provincias deberán hacer un esfuerzo extra para reducir el déficit, habida cuenta de que la vía del endeudamiento externo para su financiamiento podría complicarse más de la cuenta en unos meses como parte del llamado “Efecto Trump”.
El gobierno intenta reubicarse tras la victoria electoral del magnate norteamericano, dado que no sólo había apostado políticamente por Hillary Clinton sino también por lo que la dama representaba para la apertura económica mundial, como una forma de atraer al país las inversiones extranjeras. La canciller Malcorra, que participó en la exteriorización del equívoco, debe encargarse hora de esa reorientación.
En principio, ensayará algunos cambios en su ministerio –se habla de la salida inminente del vicecanciller Foradori- y apuntará los cañones a garantizar que la reunión del G20 el año que viene en Buenos Aires sea realmente beneficiosa para el país. No es una tarea sencilla la que le aguarda, ya que Macri empieza a reclamar a sus funcionarios resultados concretos a un año de gestión.
Por eso los convocó a un retiro para el primero de diciembre en Chapadmalal, donde cada uno de los ministros del Gabinete deberá dar cuentas de lo hecho este año y de lo que proyecta para 2017. Ya son generalizados los comentarios respecto de que Macri habría perdido la paciencia por la ineficacia de su administración en algunas áreas. Y que no descarta cambios en el Gabinete.
De manera sugestiva, parece estar absolutamente consustanciado con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien mantiene la política de altas tasas de interés como una forma de combatir la inflación, pero a costo de socavar la reactivación y el consumo popular. Macri está convencido de que debe persistir por ese camino para atacar los “problemas de fondo”.
Uno de ellos, a su criterio, es el de la falta de productividad de la economía argentina. El Presidente quiere que se empiece a discutir eso en la mesa de diálogo tripartito entre el gobierno, los gremios y los empresarios, que volverá a reunirse el próximo miércoles en la Casa Rosada luego de que el Estado nacional anunciara el pago de un bono de fin de año para unos 120.000 agentes.
Pero la discusión a mediano y largo plazo se hace difícil cuando los sindicatos presionan por sus propios bonos y los empresarios advierten que este año el nivel de actividad se desbarrancó hasta un 4,5%, como en el caso del sector industrial, que mañana iniciará su conferencia anual en Parque Norte imbuido en un clima más crítico respecto del rumbo económico de Cambiemos.
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