El Senado otorgó ayer por unanimidad media sanción a un proyecto de ley que establece la extensión a tres años el plazo de contratos de alquiler y que los aumentos anuales no deben ser mayores a la inflación registrada por el INDEC.
La iniciativa, impulsada por la organización Inquilinos Agrupados y presentada por la senadora Silvina García Larraburu (PJ-FpV), implica una modificación el Código Civil y Comercial de la Nación.
A su vez, se fija que los inquilinos no paguen las expensas extraordinarias y que el depósito en garantía se devuelva actualizado al finalizar el contrato.
PAGO ANTICIPADO Y DEPOSITO
El proyecto también manifiesta que si el destino del alquiler es habitacional “no podrá cobrarse el pago anticipado de alquiler mayor a un mes” y que “los depósitos tendrán que tener un importe equivalente al de un mes de alquiler”.
El senador kirchnerista por Chubut, Juan Mario Pais, pidió introducir cambios en el dictamen que fueron aceptados por el plenario Las modificaciones tienen que ver con el modo de garantizar mayor previsibilidad a los contratos y asegurar que, en caso de acordarse aumentos o actualizaciones, los mismos sean para plazos no inferiores a un año.
Además, deben estar ajustados de acuerdo con los índices de precios al consumidor (IPC) y al coeficiente de variación salarial (CVS), calculados en partes proporcionales.
Respecto a los aumentos, más allá de los índices de actualización enumerados fija que serán anuales y que no sean mayores al nivel inflacionario.
Entre otros beneficios para el inquilino se establece que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por ley de cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, no superen nunca el valor de un mes de alquiler.
También elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa. Y añade que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.
MEJORA PARA LOS INQUILINOS
El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, declaró que la norma aspira a lograr “una mejora sustancial en la calidad de vida de los 6,5 millones de inquilinos” y “un cambio radical en la cultura del alquiler en la Argentina”.
“Los inquilinos hacemos frente a aumentos indiscriminados en el precio del alquiler. Los ajustes semestrales superan todo índice de inflación y no tienen ningún tipo de parámetro”, lamentó.
Y afirmó que el proyecto de ley está pensado “siguiendo el curso de la economía nacional y no el capricho especulativo del mercado inmobiliario, que sólo fija los precios en función de obtener mayor rentabilidad”.
El proyecto pasó a Diputados, que tiene poco días para convertirlo en ley este año.
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