El juez federal Claudio Bonadio aceptó ayer postergar 24 horas hábiles, hasta el próximo martes 29, la audiencia de trámite con Cristina Fernández que la ex presidenta pidió que se haga en su casa de Río Gallegos, en el marco de la causa penal por la venta de dólar futuro.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado adoptó esa resolución luego de que el abogado defensor Carlos Beraldi elevara, ayer por la mañana, un recurso de apelación en queja a la Cámara Federal frente a la negativa del juez a postergar la cita 72 horas hábiles.
¿ultimatum?
Bonadio envió un oficio al jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, avisándole que notifique a la custodia de la ex Presidenta que le avise que tiene plazo hasta las 13 del martes 29 (en virtud del feriado del lunes) para concurrir al juzgado y cumplir con la extracción de huellas dactilares y la elaboración de un informe socio-ambiental.
Cristina no concurrió ayer a los tribunales de Comodoro Py y, en cambio, se presentó en el juzgado federal de Río Gallegos y solicitó por escrito que se ordene a la delegación local de la Policía Federal que lo que ella considera “un trámite administrativo” se haga en su casa de la calle Mascarello 441 de esa ciudad.
En su presentación ante la Cámara Federal, el abogado Beraldi había advertido que si el juez federal Claudio Bonadio “ordena traer por la fuerza pública” a la ex Presidenta “habrá de consumar una privación ilegal calificada”.
“Parece mentira que un juez federal, con la enorme importancia que tienen los casos a su conocimiento pierda el tiempo y se lo haga perder a los demás con comportamientos caprichosos que lamentablemente se siguen perpetuando sin que nadie, de manera efectiva, ponga coto a semejantes desvíos”, disparó el letrado.
Beraldi resaltó “la ilegalidad de la carga impuesta a la doctora Kirchner de tener que viajar más de 5.000 kilómetros” para un trámite que propuso hacer en Río Gallegos y destacó “una arbitrariedad más: no aceptar ni siquiera una simple postergación por un plazo de tan sólo 72 horas hábiles”.
Cristina había calificado al juez, vía Twitter, de “mentiroso” y lo acuso de tener “una enfermiza animosidad” contra su persona, lo que “se traduce”, según ella, en “violencia institucional”.
La ex presidenta desistió de apelar la confirmación del procesamiento y el embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos para ser sometida juicio oral lo antes posible por, según ella, “un tribunal imparcial”, junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof, más otros 13 encausados.
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