Investigarán “hacia arriba” por el escándalo de los sobres

Marcelo Martini, el fiscal que investiga el escándalo de la caja negra en la Departamental, está convencido de que los sobres con dinero desafiaban la ley de gravedad, “porque iban todos para arriba”. Sin embargo, no pudo avanzar con la imputación más allá del titular de la Jefatura, Darío Camerini, preso desde el miércoles junto a otros tres policías de esa dependencia y cuatro ex comisarios.

Por eso, esta semana pedirá formalmente a la Auditoría General de Asuntos Internos que investigue al jefe de la policía bonaerense, comisario general Pablo Bressi, y al superintendente de la región, Fernando Grasso, para determinar si podrían haber conocido las maniobras ilícitas por las que fueron imputados los nueve acusados.

Allegados a Martini confirmaron que el oficio lo librará entre el martes y el jueves próximos, dirigido al auditor general Guillermo Berra, con el objetivo de que inicie una investigación administrativa a Bressi y Grasso.

Para el fiscal y sus instructores resulta por lo menos inverosímil que los máximos responsables de la fuerza no estuvieran al tanto de un manejo irregular de fondos de parte de sus subordinados, sobre todo cuando esto pasaba en la misma dependencia en la que trabaja uno de ellos.

El despacho de Grasso está en la Departamental de 12 entre 60 y 61, donde el 1 de abril se hizo el procedimiento que terminó con el secuestro de 36 sobres con 153.700 pesos.

Además de Camerini, están detenidos el ex segundo jefe de la Departamental, Roberto Carballo; el ex secretario, Walter Skramowskyj; el ex jefe de Calle, Ariel Huck; el ex jefe de la comisaría Tercera de Los Hornos, Sebastián Cuenca; de la Duodécima de Villa Elisa, Raúl Frare; de la Decimosexta de Villa Ponsati, Federico Máximo Jurado; de la Segunda, Sebastián Velázquez, y de la Sexta, Julio Sáenz.

Todos están imputados de “asociación ilícita”, con la sospecha de que recaudaban dinero ilegal proveniente del juego, las drogas y la prostitución.

Siete fueron indagados el jueves, de los cuales cuatro declararon y negaron los hechos. Cuenca pidió postergar la diligencia y el viernes se negó a declarar, igual que Sáenz, quien se mantuvo prófugo hasta ese día, cuando lo capturaron en un departamento de 8 y 50.

Los nueve están detenidos en una dependencia de Berazategui, sin contacto con detenidos civiles, y en las próximas horas serían trasladados a una alcaidía.

La situación procesal de los policías se definió el miércoles, cuando los jueces de la Sala III, Alejandro Villordo, Carlos Silva Acevedo y Carlos Argüero, les imputaron el delito de asociación ilícita.

El único que por el momento quedó al margen del pedido de detención fue el ex jefe de la comisaría Cuarta, Juan Retamozo, ya que se negó a realizar el peritaje caligráfico para comparar su letra con la de de los sobres y en sus legajos no encontraron una sola anotación.

Para los camaristas, estaría acreditado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, “un grupo conformado por al menos por nueve personas”, cuatro de ellas pertenecientes a la Jefatura Departamental y las cinco restantes a distintas comisarías platenses, “integraron en forma organizada una asociación con el propósito colectivo de cometer delitos”, en perjuicio de vecinos y comerciantes.

El fallo habla también de la estructura piramidal que caracteriza a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en alusión a que los sobres irían de abajo hacia arriba, y graficó que las supuestas actividades de recaudación ilegal se habrían extendido regularmente durante el citado lapso de tiempo.

Aunque todavía no pasó una semana desde la detención de los implicados, es un hecho que el fiscal va a requerirles la prisión preventiva. Para eso cuenta con un plazo de 15 días, prorrogable por otro término igual.

Mientras tanto, las defensas seguramente esperarán ese requerimiento para atacar la materialidad ilícita, es decir, tratar de derribar los cargos por asociación ilícita, que contempla una pena en expectativa de 10 años de prisión y 15 para el responsable de la presunta organización criminal destinada a cometer delitos.