Cuando nuestro país, ya en plena vigencia del sistema democrático recuperado en 1983, afrontó en 2001 una de las crisis institucionales más profundas, la clase dirigente de los partidos políticos coincidió en que en que debía producirse no sólo una profunda reforma política sino una drástica modificación del sistema electoral vigente, apuntándose a la instrumentación de medidas que aportaran transparencia, mejores mecanismos de selección de candidatos y un mayor grado de participación a la ciudadanía. Sin embargo, lamentablemente, esas modificaciones siguen sin realizarse.
En las últimas jornadas, una de esas alternativas volvió a caerse en el Congreso nacional, al no poder tratarse un proyecto que propiciaba la instrumentación del voto electrónico. Tal decisión fue adoptada, como se sabe, por el bloque de senadores del PJ-Frente de la Victoria que rechazaron el proyecto que había sido enviado por el Poder Ejecutivo.
Los legisladores opositores, que actuaron con el respaldo de gobernadores y autoridades partidarias de esos dos partidos políticos, alegaron que las objeciones que habían formulado peritos informáticos en relación a la instrumentación del voto electrónico, que revelaban una supuesta alta vulnerabilidad de los nuevos métodos propuestos para votar, determinaban la imposibilidad del proyecto tal cual había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados.
En las últimas horas, según trascendió, el Gobierno decidió concentrar esfuerzos para lograr el tratamiento sobre tablas del proyecto de reforma electoral tras el anuncio de rechazo de los senadores peronistas, y de no conseguirlo, impulsaría como Plan B la boleta única de papel, aunque las aguas se dividen en cuanto a sus posibilidades técnicas. De todos modos, estas variantes resultan de muy difícil instrumentación.
En consecuencia, lo que iría quedando en claro es que nuestro país, una vez más, estaría a punto de malograr otra excelente oportunidad para impulsar una reforma que el sistema electoral demanda en forma imperiosa. Está fuera de toda duda que en todos los procesos electorales surgen dudas y problemas, a partir de la vigencia de procesos comiciales que se ven muchas veces desnaturalizados por anacronismos de toda naturaleza y que inciden tanto en el acto de votación como en los escrutinios posteriores.
Lo cierto es que sigue pendiente, desde hace mucho, una reforma del sistema electoral que se oriente a lograr una mayor participación de la población en la selección de sus futuros representantes, eliminando, por ejemplo, la tan censurada boleta sábana que impide a los ciudadanos una mayor individualización de quienes aparecen como postulantes a distintos cargos. Lo que se trata de sustituir, en este caso, es el sistema de lista completa que viene siendo empleado en el país en todas las elecciones, como base para la vigencia del principio de proporcionalidad.
El debate sobre la reforma electoral debe apuntar, asimismo, a la instrumentación del voto electrónico, que sustituya el obsoleto y costoso procedimiento de las urnas. No caben dudas de que el voto electrónico es uno de los mecanismos más idóneos para dar transparencia a los actos electorales y reducir a un nivel prácticamente nulo las posibles maniobras de fraudes comiciales. Contra las objeciones que, según dicen, habrían presentado expertos informáticos, existen numerosas experiencias, en cada vez más países, demostrativas del éxito indudable que acompaña al sistema del voto electrónico, tanto en lo que se refiere a la transparencia como a la mayor rapidez en los cómputos.
Sería deseable, entonces, que no se postergue la sanción de normas que consagren la reforma política y electoral que el sistema democrático de nuestro país demanda y merece. La descentralización de los comicios, el mayor conocimiento de los candidatos y una debida celeridad y transparencia en los procesos eleccionarios parecen ser objetivos demasiado trascendentes como para no avanzar hacia ellos.
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