La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para fomentar la asociación empresarial público-privada y así estimular las inversiones en sectores clave, como el de la infraestructura.
La iniciativa, que ya había recibido en septiembre la aprobación del Senado, fue convalidada ayer por 151 votos a favor, 78 en contra y seis abstenciones.
Sin embargo el proyecto no se ha convertido aún el ley pues la iniciativa aprobada ayer contiene algunas modificaciones respecto al proyecto original, por lo que deberá volverse a discutir en la Cámara alta. Esos cambios fueron introducidos luego de que la semana pasada fracasara en el intento de sacar adelante la norma por el rechazo de algunos sectores de la oposición.
PROYECTOS
la iniciativa regula el sistema de participación público y privada (PPP) “con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, y servicios conexos a los mismos”.
Al abrir el debate de ayer en Diputados, el oficialista Daniel Lipovetzky afirmó que este proyecto “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura” que tiene Argentina.
Entre otras cosas, la iniciativa garantiza que los contratos permitan “la recuperación de las inversiones efectivamente realizadas, el repago de la financiación aplicada al proyecto y una utilidad razonable, no pudiendo superar en ningún caso, los 35 años de duración, incluyendo sus eventuales prórrogas”.
El sector público tendrá la obligación de “ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos”, promover la participación de las pymes y fomentar la creación de nuevos puestos de empleo.
A partir de la aprobación de esta ley, el Poder Ejecutivo deberá crear un órgano que tenga a su cargo la “centralización normativa” de los contratos regidos por la norma, que “prestará apoyo consultivo, operativo y técnico en las etapas de formulación del proyecto, elaboración de la documentación licitatoria o ejecución del contrato”.
Entre las modificaciones introducidas a la iniciativaestá la del requisito para que en los proyectos al menos un 33 % de los bienes y servicios utilizados sea de origen argentino. Sin embargo, opositores como el kirchnerista Guillermo Carmona aseguraron que el proyecto pone “a las puertas de la extranjerización no solo de la obra pública”, sino que “es tan amplio que amerita todas las contrataciones públicas”.
SUSCRIBITE a esta promo especial