El detenido empresario Lázaro Báez se quejó de que la imputación en su contra en la causa por supuesta corrupción en la concesión de la obra pública sea “la misma” que pesa sobre la ex presidenta Cristina Fernández. Además, aseguró ayer que está preso como una suerte de “apriete” o “amenaza” por parte del juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa por lavado de activos conocida como “ruta del dinero K”.
“Se le atribuye un hecho a un sujeto que no ha sido funcionario público y que incluso la imputación en su contra es la misma que se le hizo a la ex Presidenta”, sostuvo su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, en la audiencia de indagatoria en la que Báez -al igual que Cristina Kirchner, presentó un escrito de descargo y no contestó preguntas.
Para el letrado defensor, “es imposible en términos lógicos” que la acusación de haber conformado una supuesta ‘asociación ilícita’ se atribuya “por igual a dos personas: funcionario o no funcionario” porque ambos desarrollan “actividades absolutamente autónomas y distintas”.
replica del fiscal
A esa altura de la audiencia que encabezaba el juez federal Julián Ercolini, intervino el fiscal federal Gerardo Pollicita y retrucó al defensor que en su alegato “ha omitido considerar la imputación” que se le hace a Báez “en cuanto a sus propios actos dentro de un grupo organizado de personas constituido por funcionarios y empresarios, donde cada uno ha cumplido un rol”.
Puntualmente el fiscal señaló que Báez “conformó la empresa Austral Construcciones cuatro días antes de la asunción de Néstor Kirchner” y “participó en 52 licitaciones irregulares” de adjudicación de obra pública.
Ya se había desatado el debate verbal e interrupciones entre Rusconi y Pollicita cuando debió interceder el juez para que volviera la calma y planteó que si fuese necesario se abriría un incidente de cara a eventuales réplicas y contrarréplicas, según las fuentes que presenciaron la audiencia.
Además de presentar el escrito y debatir con la fiscalía, la defensa planteó la nulidad de toda la acusación y el sobreseimiento de su cliente así como insistió en que se lleve a cabo una auditoría de todas las adjudicaciones de obra pública en todo el país desde 2003 a 2015.
Báez fue trasladado temprano a los tribunales federales desde la cárcel de Ezeiza. El empresario no solo declaró en esta causa sino que pasó después por el despacho del juez federal Daniel Rafecas. Se trata de un expediente que el propio Casanello abrió con una autodenuncia pidiendo que se investiguen los dichos de Báez sobre las supuestas presiones para callarlo.
El trámite se cumplió ayer cuando, según fuentes judiciales, Báez ratificó su parecer en torno a que su permanencia en prisión preventiva es interpretada por él como “un apriete o amenaza” por parte de Casanello. Como prueba, aportó los audios que trascendieron del fiscal Guillermo Marijuan cuando estuvo en el sur del país haciendo allanamientos y diciendo, vía whatsapp, que se había reunido con los hijos del empresario y estaba en tratativas para una declaración como “arrepentido”.
Por otra parte, Ercolini tiene previsto indagar hoy a otro detenido de Ezeiza, José López, el ex secretario de Obras Públicas kirchnerista que está arrestado desde el 14 de junio pasado cuando lo atraparon en un convento de General Rodríguez con casi nueve millones de dólares en su poder.
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