En agosto último, la fiscal adjunta de Casación Alejandra Moretti había pedido que se revocara el fallo que absolvió a Lucas Puig y que se lo condenara a 25 años de prisión.
En su alegato explicó que en el fallo absolutorio los jueces “confundieron hechos con normas. A partir de ello fue que los jueces descartaron los hechos con los testimonios del personal de la escuela, que señalaron que era materialmente imposible realizar los actos (investigados)”.
También dijo que los jueces basaron sus conclusiones en que los alumnos nada advirtieron sobre estos abusos denunciados.
Destacó que si bien la acusación se limitó a hechos de 2010, nada invalida la prueba que alude al 2009.
Cabe recordar que uno de los motivos de la absolución fue que los jueces entendieron que los hechos no pudieron ser cometidos en el 2010, como se afirma en la acusación, pero si en el 2009, y por ello ordenaron enviar copias de las actuaciones a la fiscalía de instrucción para que se inicie otra investigación.
“Esto -agregó- se hizo en forma caprichosa y antojadiza y, en base a toda esta cadena de falacias, el Tribunal no pudo llegar a una conclusión condenatoria”.
De esta forma se rechazaron unas 30 pruebas “muy valiosas”, como por ejemplo, las declaraciones de los niños, en cámara Gessel.
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