J. López quiere que declaren empresarios

José López, el ex secretario de Obras Públicas preso tras llevar nueve millones de dólares a esconder a un convento, defendió ayer ante la Justicia su gestión como funcionario, desmintió la “cartelización” de obras en favor del también detenido Lázaro Báez y reclamó que declaren empresarios como Angelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri- y Cristóbal López, para salvar su “buen nombre y honor”.

El detenido ex funcionario kirchnerista ofreció careos con los representantes de 36 empresas constructoras -incluido el primo del Presidente- para que cuenten si él les solicitó “en algún caso retorno o entrega de alguna suma de dinero a cambio de la adjudicación de alguna obra”.

López, que cumple prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza desde el 14 de junio último, formuló ese petitorio en el escrito de descargo que presentó ayer ante el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto direccionamiento de licitaciones en favor del empresario kirchnerista Báez donde está imputada la ex presidenta Cristina Fernández. En la audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado también participaron el fiscal federal Gerardo Pollicita y los abogados defensores Diego Sánchez y Fernando García.

López llegó a las 8.40 al edificio judicial del barrio porteño de Retiro en medio de un fuerte dispositivo de seguridad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que lo trasladó desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple arresto por la causa por enriquecimiento ilícito luego de que lo atraparan el 14 de junio en un convento de General Rodríguez con bolsos donde había nueve millones de dólares.

En esa causa López aseguró que el dinero provenía “de la política”, pero no dio más detalles.

En este expediente Ercolini investiga la obra pública y por ello ya indagó esta semana a la ex presidenta, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a Báez.

SIN PREGUNTAS

Al igual que la ex mandataria, De Vido y Báez, López no quiso contestar preguntas. Por escrito negó “terminantemente los pretendidos ilícitos atribuidos” y reclamó que se cite a declarar al titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien hablo de la “cartelización” de la obra pública, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que afirmo que “se robó haciendo obra pública y por cada dos pesos que se gastaba a la obra iba solo un peso” al emprendimiento.