El anuncio formulado por algunos vecinos de Villa Castells al concluir hace pocas jornadas una reunión con jefes policiales por la ola delictiva que acosa a ese barrio -en el sentido de que ronda por sus cabezas la alternativa de comprar armas para defenderse de los delincuentes- constituye un grave indicio del grado de desamparo en que se sienten muchos pobladores y, a la vez, un elocuente testimonio de la necesidad de que las autoridades encuentren solución a un problema que no se circunscribe a ese vecindario, sino que lamentablemente puede hacerse extensivo a toda la Región.
Tal como se informó en la nota publicada en este diario, el planteo de los vecinos de Villa Castells no deja de constituir una resultante de otras múltiples reuniones mantenidas con la Policía por la inseguridad reinante, sin que hayan surgido de ellas acciones de prevención y vigilancia eficaces. “No falta mucho para que haya un víctima fatal”, dijeron los asistentes al encuentro que aseguraron haber agotado fórmulas para poder sentirse más seguros. De allí que no descarten acudir al recurso de comprar armas para defenderse.
Los vecinos también aludieron a la verdadera seguidilla de robos que padecen en el barrio y si bien valoraron la presencia del jefe del Distrito Norte, del comisario de la zona y del responsable del Comando Patrullas, dijeron que con esa presencia no alcanza, cuando lo que reclaman es una mayor prevención policial en la zona y que se realicen las mínimas tareas de inteligencia, necesarias para identificar a los delincuentes.
Los vecinos pusieron de relieve que los jefes policiales se quejaron de la Justicia, por la rapidez con que libera a las personas detenidas, muchos de ellos menores de edad, imputados por los robos y asaltos. A raíz de ello, dijeron, pedirán una audiencia al Fiscal General del departamento judicial La Plata.
Los ladrones entran y salen de las comisarías, expresaron, mientras que los vecinos permanecen encerrados en sus casas, con miedo a salir a la calle, añadieron, antes de dejar entrever, como se ha dicho, que analizan la posibilidad de armarse.
Más allá de encontrarle algún tipo de explicación a esta reacción vecinal, importa señalar que, como se ha dicho siempre en esta columna, la seguridad es un servicio que el Estado debe brindar en forma indelegable. Y que, en todo caso, lo que corresponde es reclamar con firmeza cuando ese servicio exhibe deficiencias y no contribuye para garantizar y ampliar los márgenes de seguridad exigibles.
Lo que corresponde, entonces, es que se busque perfeccionar el desempeño policial, de modo que la población se sienta debidamente protegida. Esto no impide advertir, una vez más, que la inseguridad no es un problema exclusivo de la Policía, sino que le concierne al conjunto de los poderes públicos.
En cuanto a la sociedad, ha demostrado con creces en estos años su voluntad de participar y comprometerse, tal como en este caso, lo han demostrado los vecinos de Villa Castells. Pero suponer que, a partir de allí, cualquier habitante se encuentra autorizado para comprar armas -y, eventualmente, con ellas golpear, herir o matar a los presuntos delincuentes- constituye una desmesura y, en algunos casos, una ilicitud penada por la ley. Lo cierto es que ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes.
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