En un año difícil para la economía argentina, la suba de tarifas parece haber sido el error más grueso del gobierno. La implementación de la medida -orientada a bajar la montaña de subsidios que se destinan al sector energético- recayó sobre una sociedad afectada por la recesión, la caída del consumo y del empleo. El ministro Aranguren pagó el costo propio de un técnico, aunque tampoco la mesa chica de la Rosada tuvo la reacción suficiente como para esquivar el enredo. Y terminó siendo la Corte Suprema la que facilitó una salida al conflicto. Después de la “fiesta” de subsidios que convirtieron en humo las reservas del Banco Central y que conducía a una inflación cada vez mayor, el regreso a la realidad no podía dejar de ser duro. El país se había acostumbrado a gastar más de lo que produce.
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