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Dictaminan que las inspecciones íntimas en las cárceles son “antijurídicas”

Deberán ser reemplazadas por procedimientos tecnológicos adecuados
(Archivo)

Por Redacción

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, consideró que las requisas en las partes íntimas de presos y visitantes en establecimientos penales son contrarias a los derechos humanos, y que las mismas deben reemplazarse por procedimientos tecnológicos adecuados. Así lo dictaminó en una causa en la que el Tribunal Oral Federal de Tucumán dio validez al procedimiento realizado en mayo de 2014 por el Servicio Penitenciario provincial.

De Luca sostuvo que "las inspecciones vaginales realizadas a las visitas en los establecimientos penitenciarios son prácticas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y, por lo tanto, antijurídicas".

Además, las calificó de "prácticas degradantes" y "denigrantes", y sostuvo que admitir su vigencia "sería admitir que el personal administrativo penitenciario podría someter a desnudez y exhibición de genitales a una mujer sin necesidad de fundamento alguno".

Para el fiscal esas prácticas "no pueden ser legitimadas bajo ninguna circunstancia y el Estado debe proveer de medios tecnológicos que permitan cumplir con su obligación de mantener la seguridad del establecimiento sin afectar la dignidad de las visitas".

La causa se originó a raíz de la requisa realizada por personal penitenciario a una mujer, previo a su ingreso como visita de su concubino en el box de requisa de la cárcel de Villa Urquiza, en aquella provincia norteña.

En esa oportunidad, según consta en el acta labrada, la agente requirió a la mujer que se desvistiera e hiciera una postura hacia adelante lo que permitió detectar "un envoltorio plástico de color blanco, en cuyo interior contenía 486 pastillas ranuradas de color verde claro y un envoltorio de plástico que en su interior contenía una sustancia vegetal picada, que por sus características morfo aromáticas se trata de picadura de marihuana".

La visitante fue imputada por el delito de tenencia de estupefacientes, pero su defensa impugnó el procedimiento de requisa y pidió su sobreseimiento en el curso del juicio oral al que fue sometida.

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