Organizaciones demandantes por abusos sexuales a niños sordos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza denunciaron la falta de contención psicológica y ayuda a las víctimas y sus familiares por parte del Estado.
La presidenta de Padres Autoconvocados de chicos, jóvenes y adultos con discapacidad, Alejandra Berlanga, señaló que falta “la contención de niños y adolescentes que han sido víctimas de estas aberraciones y también de sus familias”.
Berlanga dijo que presentaron un escrito a la fiscalía pidiendo “que respete las directrices que señala la ONU y Unicef en relación a como se debe tomar la testimonial a niños y adolescentes que están en una situación de extrema vulnerabilidad”, tras constatar que en este caso “no se han tenido todos los recaudos” para cuidarlos.
También abogó para que la dirección de Salud Mental de la provincia rápidamente forme un equipo interdisciplinario para sostener y contener a estas familias, porque “es un elemento esencial para cuidarlas mínimamente”, advirtió.
INTERPRETES
Sergio Salinas, abogado de algunas de las víctimas del Próvolo, dijo que no les han proporcionado los móviles suficientes para trasladar a las víctimas, muchas de las cuales viven en zonas lejanas, a los tribunales, y que no tienen intérpretes con conocimientos psicológicos que puedan traducir las declaraciones de los niños, la mayoría de los cuales no maneja el lenguaje de señas.
“El Estado no nos está ayudando”, cuestionó Salinas, abogado además de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek.
Según explicó, hasta ahora sólo recibieron llamados de la Asociación de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad (Adajus), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Salinas responsabilizó al Poder Judicial y a los organismos que debían controlar el funcionamiento del Próvolo por no haber actuado cuando en 2008 se realizó la 1ª denuncia de abuso sexual a un niño albergado en el instituto.
En tanto, el abogado Carlos Lombardi, representante de la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico, apuntó a las responsabilidades del Arzobispado de Mendoza sobre el control y la vigilancia de los sacerdotes.
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