Un fiscal federal pidió ayer abrir una investigación contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por la firma del polémico decreto relacionado con la inclusión de familiares de funcionarios públicos en el plan de blanqueo de capitales del Ejecutivo.
En concreto, el fiscal Guillermo Marijuán solicitó la apertura de la investigación tras una denuncia presentada por la diputada de izquierdas Victoria Donda en la que señala a Macri, Peña y Prat-Gay de abuso de autoridad y de excederse en los deberes de funcionarios públicos.
El régimen de blanqueo, propuesto en mayo pasado por el Gobierno y aprobado por el Parlamento con el fin de recuperar al menos 20.000 millones de dólares no declarados, excluía a los familiares directos de funcionarios del Estado, aunque un decreto firmado en noviembre agregó que esas personas sí podrían adherirse si los bienes que acreditasen hubieran sido incorporados en su patrimonio antes de la fecha en que los funcionarios hubieran asumido los cargos.
Con los fondos ingresados al sistema financiero mediante ese proyecto, el Ejecutivo busca pagar una reforma del sistema de jubilaciones, tal y como quedó fijado en el texto de la ley que sirvió para oficializar el blanqueo.
La polémica surgió por el artículo 83 de ese proyecto, que especifica que quedan excluidos del plan los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de una gran variedad de funcionarios del Estado, y que fue aprobado en conjunto con el resto de la iniciativa tras un intenso debate parlamentario.
La publicación del decreto generó fuertes críticas de parte de la oposición, mientras que el Ejecutivo defendió que todo estaba dentro de la legalidad y solo se trataba de una discusión técnica.
La denuncia formulada por Donda sostiene que el decreto “contradice explícitamente” la ley que aprobó el Congreso, que prohibía “el ingreso de familiares al mismo”.
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