La intervención a Los Sauces fue establecida para un plazo de seis meses para que se “informe toda transferencia, pago efectuado o recibido entre esa y sus socios”. Además, el juez quiere determinar todos los movimientos patrimoniales que se realizaron en los últimos tiempos, de modo tal de establecer si existieron manejos irregulares para eludir eventuales sanciones económicas en el marco de las causas en las que está involucrada la ex mandataria, su familia y empresarios allegados a ellos.
La intervención, en sintesis, apunta a un exhaustivo análisis de todos los movimientos económico-financieros de los Kirchner y las empresas que operaron en la contratación de obra pública y adjudicación de licitaciones durante el gobierno anterior.
“Durante el desarrollo de la presente investigación se advirtieron gran cantidad de vinculaciones comerciales y/o financieras y/o laborales entre la familia Kirchner -dueña de ‘Los Sauces S.A.’- y empresas del grupo de Lázaro Báez, de ‘Indalo’ propiedad de Cristóbal López y Fabián De Souza y del grupo de Osvaldo Sanfelice -ex socio de Máximo Kirchner en la firma ‘Negocios Inmobiliarios S.A.’ que maneja la inmobiliaria ‘Sanfelice Sancho y Asociados’”, señala el dictamen del juez.
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