La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de Emergencia Social acordado con más de 40 organizaciones sociales, representativas de desocupados y trabajadores informales, que se trataría en el recinto el 6 de diciembre.
Leonardo Grosso, diputado por el Peronismo para la Victoria y dirigente del Movimiento “Evita” resaltó que con el proyecto “logramos la primera paritaria de la historia para la economía popular”.
Su compañera de bloque Lucila De Ponti dijo que “consideramos que en la Argentina no hay desocupados, hay trabajadores formales e informales”, por lo cual “todo aquel que genera un ingreso tiene derecho a que el Estado lo atienda”. Por lo tanto, resaltó que la emergencia social propuesta apunta a “reducir la brecha” existente entre los trabajadores amparados por las Convenciones Colectivas de Trabajo y quienes “ni siquiera tienen un derecho laboral que los proteja”.
El oficialista Eduardo Amadeo (PRO) resaltó la actitud del Gobierno frente al reclamo de las organizaciones sociales y que el proyecto que se elaboró fue “gracias a la maravilla del diálogo político” por lo cual arriesgó que “esto puede ser un inicio y no un final”.
En tanto, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) dijo que presentaba un dictamen en minoría en oposición al proyecto de Emergencia Social propuesto en sintonía con la posición del Polo Obrero porque, explicó, “no compartimos el acta que dio origen a este proyecto que establece una cláusula de paz social hasta 2019”. En cambio, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) expresó que con esta ley se busca “desterrar el concepto de desocupados”.
EL PROYECTO
Según lo acordado entre el oficialismo y la oposición, la iniciativa será debatida en una sesión extraordinaria que se convocará para el próximo martes. El proyecto, que consta de 12 artículos, prorroga la emergencia social hasta diciembre de 2019 y habilita al jefe de Gabinete a reestructurar las partidas presupuestarias hasta un total de 30.000 millones de pesos.
Asimismo se prevé la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social”, como así también el “Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)”.
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