Una causa con varios frentes abiertos

La resolución de la jueza platense Marcela Garmendia de prohibir la salida del país e inhibir por 15 millones de pesos los bienes de Alberto Pérez sacudió ayer la marcha de una causa con varios frentes abiertos.

La investigación originada por la denuncia de Elisa Carrió tuvo episodios de alto impacto, como el hallazgo de una caja fuerte instalada dentro de la escultura de un dragón metálico en la casa del exsubsecretario administrativo de la Jefatura de Gabinete Walter Carbone.

Pocos semanas después de ese hecho, se produjo un resonante allanamiento en el Tribunal de Cuentas, donde una funcionaria denunció que se habían borrado documentos de su computadora sobre los gastos de la administración Scioli bajo la lupa.

La causa investiga si durante la gestión de Pérez y Carbone se cometieron los delitos de “peculado”, “administración fraudulenta” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” para la sustracción, entre los años 2014 y 2015, de más de 10 millones de pesos de las cuentas de la Provincia mediante la presentación de facturas “truchas” por servicios brindados para eventos públicos.

LAVADO DE ACTIVOS

El fiscal Garganta comenzó la investigación en junio a partir de la primera denuncia formulada por Carrió contra Scioli por presunta defraudación a la administración pública y lavado de dinero. Según “Lilita” la maniobra se habría cometido a través del “vaciamiento” de las cajas de la obra social provincial IOMA, ABSA y el Instituto de Lotería de la provincia de Buenos Aires. Pero la causa, luego, se centró en las presuntas irregularidades en el ámbito de la Jefatura de Gabinete a través de las denominadas “facturas truchas”. De esa forma, comenzó a cerrarse el círculo sobre Alberto Pérez y un grupo de funcionarias del área administrativa del organismo como Walter Carbone, “el hombre del dragón”.