Ya inhibieron y le prohibieron salir del país a Alberto Pérez

La Justicia platense dispuso ayer la prohibición de salir del país y la inhibición de bienes por un total de 15 millones de pesos contra el exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, en el marco de la causa que investiga si se cometieron irregularidades en el manejo de fondos públicos y durante la gestión del exgobernador Daniel Scioli.

Las medidas, que habían sido pedidas por el fiscal del caso, Alvaro Garganta, también alcanzan al exsubsecretario administrativo de Gabinete Walter Carbone, a quien se le encontró una caja fuerte dentro de un dragón metálico en un allanamiento a su vivienda en el country Abril.

La resolución fue adoptada por la titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata Marcela Garmendia, quien interviene en la causa abierta a partir de la denuncia de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra Scioli y Alberto Pérez por lavado de activos y por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Jefatura de Gabinete a través de un mecanismo de financiamiento de eventos y de facturas “truchas”.

La inhibición de bienes y la prohibición de dejar el país alcanza no sólo a Pérez y Carbone sino también a Sandra Alicia Mamberti, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli.

La jueza Garmendia desliza cuestionamientos a la decisión del fiscal Garganta de no pedir la detención de Pérez, Carbone y los demás imputados

Para fundamentar la decisión de no permitir la salida del país de Pérez y los exfuncionarios sciolistas Garmendia consignó que “si bien los imputados son conocidos públicamente debido a los cargos que han ostentado en el pasado, lo cual podría atemperar de alguna manera la probabilidad de profuguez, no es menos cierto que al menos dos de ellos - en particular quien fuera titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el ex Subsecretario de Administración -, cuentan con los recursos patrimoniales suficientes y necesarios para intentar evadir el accionar de la justicia”.

En su resolución, a la que tuvo acceso EL DIA, la jueza también desliza cuestionamientos a la decisión del fiscal Garganta de no solicitar la detención de los imputados.

Según el fiscal, pese a que la causa está caratulada como peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la “colaboración” prestada por los imputados y sus abogados, no da indicios de una posible fuga o entorpecimiento de la investigación.

“FALSIFICAR PRUEBAS”

Pero Garmendia, en su resolución de ayer, sostiene que “se puede presumir” que tanto Pérez como Carbone podrían usar su libertad ambulatoria para destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba o influir para que testigos o peritos informen falsamente, como lo prevé el artículo 148 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia.

“Si se tiene en cuenta el tenor de los cargos públicos que tenían aquí los imputados, así como también el poder y conexiones sociales inherentes a dichas funciones que ejercieron hasta no hace mucho tiempo atrás, me hace presumir que puede ser factible”, dice Garmendia sobre la posibilidad de que los exfuncionarios sciolistas puedan adulterar pruebas estando en libertad.

Para argumentar este punto, la titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata recuerda la denuncia formulada por una empleada del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre la desaparición de información sensible de su computadora, que sólo puede beneficiar a los imputados. “Es una prueba de que el entorpecimiento en la investigación resulta posible”, dice Garmendia.

El fiscal Garganta imputó a Pérez y a Carbone porque considera que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre 2014 y 2015 sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos que luego rendían con facturas apócrifas”.

En su declaración ante el fiscal, semanas atrás, Alberto Pérez negó su participación en los hechos que se investigan y aseguró que “no tenía la potestad ni la capacidad” para determinar si esos comprobantes eran falsos “ya que daba por hecho que eso lo observaban los funcionarios competentes”.