Sobres: los ex comisarios presos hasta el juicio oral

Los nueve ex jefes policiales platenses que están detenidos por la llamada “caja negra” de la Bonaerense seguirán presos hasta el juicio oral. Es que la jueza de Garantías Marcela Garmendia les dictó ayer la prisión preventiva por el hallazgo de los 36 sobres numerados con 153.700 pesos que provendrían de la recaudación ilegal de la droga, el juego y la prostitución, informaron fuentes judiciales.

La magistrada hizo lugar así al requerimiento del fiscal platense Marcelo Martini, a cargo de la investigación que arrancó en febrero con una denuncia anónima y avanzó a partir del 1 de abril, con el registro en las oficinas de la Departamental, en 12 entre 60 y 61, y el hallazgo de los sobres rotulados.

Los nueve ex comisarios, que ahora están detenidos en una comisaría de Berazategui, serán trasladados a la Unidad 9 de La Plata o a la 25 de Lisandro Olmos.

Se trata del ex titular de la Jefatura, el comisario mayor Darío Camerini; el ex segundo jefe, el comisario Roberto Carballo; el ex secretario, el subcomisario Walter Skramowskyj y el ex jefe de calle, el oficial principal Ariel Huck.

También, de los ex comisarios Raúl Frare y Federico Máximo Jurado, que estaban a cargo de las comisarías 12º (Villa Elisa) y 16º (Villa Ponsati); Sebastián Cuenca, de la 3º (Los Hornos); Sebastián Velázquez, de la 2º (barrio Norte) y Julio Sáenz, de la 6º (Tolosa).

En su resolución, Garmendia sostuvo que “se encuentra acreditado que, entre los meses de diciembre de 2015 y marzo del corriente año, un grupo conformado por al menos nueve personas, quienes revisten la calidad de funcionarios policiales, integraron de forma organizada una asociación con el propósito colectivo de cometer delitos, en perjuicio de distintas personas del ámbito jurisdiccional de dicha Jefatura”.

Antes de dar a conocer su resolución, la magistrada mantuvo una audiencia con el ex titular de la Comisaría de Los Hornos, Sebastián Cuenca, cuya defensora oficial pidió la prisión domiciliaria.

La jueza ordenó que se le realicen pericias psicológicas, psiquiátricas y ambientales al imputado.

La situación procesal de los policías se complicó semanas atrás, cuando la Sala III de la Cámara de Apelaciones les imputó el delito de “asociación ilícita”

El fallo de los jueces Alejandro Villordo, Carlos Silva Acevedo y Carlos Argüero sostiene que se trata de “una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae en la cúpula, quien además posee una multitud de medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines”.

“Sobre esta organización burocrática integrante del aparato estatal, es decir de legal existencia, y valiéndose de ella, se ha constituido y funciona otra con fines ilícitos, de la que forman parte -en principio-, los funcionarios policiales aquí imputados”, graficó Villordo.

“Esa organización criminal se encuentra integrada con quien tenía los sobres en su despacho y en su escritorio (Skramowskyj), con sus jefes y quienes eran los destinatarios de los mismos (Camerini, Carballo y Huck) y con los distintos jefes de las seccionales de Policía que los remitieron (jefes policiales de seccionales) junto con los jefes de Calle y personal de confianza que se encargaban de recaudar el dinero producto de diversas actividades ilegales para girar el mismo hacia arriba de la pirámide jerárquica y en beneficio personal”.

Sumado a ello, días antes, el Tribunal de Casación había rechazado un planteo de los defensores de los imputados, que a través de un hábeas corpus intentaron lograr que se mantengan las detenciones en suspenso, porque había recursos en tratamiento ante instancias superiores.

La investigación se inició el 1 de abril cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la departamental recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas. A partir de allí, se realizó un procedimiento donde se secuestraron los sobres y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían. Martini pidió a la Auditoría General de Asuntos Internos que investigue al jefe de la Policía bonaerense, comisario general Pablo Bressi, para determinar si conocía las maniobras ilícitas.