La salida del “cepo cambiario”, el acuerdo con los fondos buitre, la normalización del Indec, la puesta en marcha del plan productivo nacional, la saga tarifaria en los servicios públicos y una política monetaria que apostó a controlar gradualmente los índices de inflación heredados de la anterior gestión, fueron las medidas centrales que impulsó el gabinete económico durante el corriente año.
Con suerte dispar en los resultados, bien puede incluirse en la balanza positiva la salida del cepo, el acuerdo con los fondos buitre y la normalización del Indec, mientras que los vaivenes tarifarios y las dificultades para bajar la inflación aún forman parte de la deuda que se espera revertir a partir del año que viene.
LAS RETENCIONES
En este contexto, el gabinete económico inició su gestión con una jugada fuerte a favor de la reactivación del sector agropecuario, quizás el más competitivo de la economía argentina: redujo 5 puntos las retenciones a la comercialización de soja y directamente las eliminó para el trigo, el maíz y la carne
De esta manera, con un costo fiscal de $ 30.000 millones, se buscó dar una fuerte señal a los productores agropecuarios y el consecuente efecto que esto representaría para las economías regionales.
Sin embargo, la gran batalla del Gobierno se planteó en el plano industrial, el sector más importante para la generación de mano de obra, casi en estado de inercia en los últimos 5 años y resentido esencialmente por la crisis política y económica de Brasil, la gran locomotora de la industria argentina, particularmente en el sector automotriz.
A sabiendas de esta realidad, desde el ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera, se impulsó una batería de medidas tendientes a mejorar la performance de las pymes, con serios problemas a partir del ajuste tarifario y las altas tasas de financiamiento.
Bajo la premisa de atacar el problema estructural del empleo se anunciaron 8 ejes coordinados: Reducción del costo de capital, Trabajo de calidad y productividad laboral, Infraestructura y energía, Innovación, procesos y tecnología, Equidad y eficiencia fiscal, Defensa de la competencia y la transparencia en los mercados, Desregulación y facilitación burocrática e Integración inteligente al mundo.
En este camino de espinas (suspensiones, capacidad ociosa, altas tasas de financiamiento y pérdidas de puestos de trabajo), se giraron al Congreso diversos proyectos que derivaron en la Ley pyme, la Ley Autopartista Nacional (ambas sancionadas y reglamentadas), la Ley de Emprendedores (con media sanción), se presentó el Proyecto de modificación de la ley de Defensa de la Competencia, y se prepara la ley de Desarrollo de Proveedores.
LA LEY PYME
La Ley pyme, aprobada por unanimidad, elimina impuestos, simplifica procesos administrativos y mejora el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas que representan el 70% del empleo.
Además, se relanzó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), como verdadera banca de desarrollo, y se anunció el Primer Crédito pyme a una tasa variable de 16% máximo y con un plazo de hasta 7 años, para montos entre $ 500.000 y $ 5 millones.
Se pusieron a disposición de las pymes cupos de créditos por $ 3.500 millones con 25 bancos a tasas del 16% o 18% mediante la bonificación de tasa.
La Ley Autopartista Nacional significó la mayor integración de componentes nacionales en la fabricación de vehículos con el objetivo generar 27.000 empleos en 4 años.
En materia de comercio internacional, se produjo la reapertura de negociaciones comerciales y de inversión con especial énfasis en Brasil, Japón, México, Colombia, Qatar, Canadá, China, Estados Unidos y Corea del Sur, se restablecieron las relaciones con la OMC y la Argentina fue seleccionada como sede de la cumbre en 2017.
Se implementó el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para la administración inteligente del comercio.
Se creó la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, para impulsar las inversiones y las exportaciones y se realizó el Foro de Inversión y Negocios de la Argentina del que participaron 1.688 empresas de 68 países, con anuncios de inversiones por más de u$s 10.000 millones.
Nada de esto fue suficiente para aliviar la caída de la actividad industrial, que cerrará el año con una baja que rondará el 5%.
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