La Casa María Pueblo de nuestra ciudad, un refugio modelo para el abordaje integral de la problemática de las mujeres y niños víctimas de violencia, salió a vender bienes para poder mantener sus actividades.
Así lo manifestó en las últimas horas el presidente y fundador de la institución, Dario Witt, quien explicó que llegaron a esa medida ante los severos apuros económicos que atraviesa la ong como consecuencia de las dificultades para renovar el convenio que mantienen con la Municipalidad de La Plata.
Witt señaló a este medio que ya a principios del año pasado la actual gestión comunal redujo en $600 mil el monto de lo que aporta anualmente a la institución para su mantenimiento. “El convenio era por $1.800.000 anuales, pero nos dieron $120.000 mensuales durante diez meses. Ahora pretenden que renovemos el convenio pero nos ofrecen un aumento para el año que viene de apenas $5.000 más por mes, lo que representa un 3,5%”, explicó.
“INACEPTABLE”
Witt señaló que, en un contexto inflacionario en el que se encarecieron los servicios, esa cifra resulta “inaceptable” y pone en jaque la labor de la ong. “Estamos pidiendo algo razonable para el funcionamiento de la entidad. Nosotros les planteamos a las autoridades municipales que (la renovación) tenía que ser por una suma cercana a los $200.000 por mes. Si proponen, al menos, $170.000 se puede empezar a dialogar, pero si te ofrecen $5.000 más por mes no tiene sentido”, reclamó.
“Para el año próximo ni siquiera llegaron a proponer el convenio de $1.800.000 que teníamos con la anterior gestión. La Municipalidad nos plantea que aceptemos este convenio o nada, ni siquiera hay posibilidad de negociar”, planteó Witt, quien aseguró que, por ese motivo, salieron a buscar fondos para sustentar el funcionamiento de la institución y hasta pusieron a la venta una camioneta y un auto.
La entidad lleva atendidas más de 27.000 personas que sufrieron violencia familiar en sus casi dos décadas de existencia y ha obtenido innumerables reconocimientos. Este año inauguró un refugio modelo -cuya ubicación no se difunde para proteger a las víctimas- en la que se invirtieron más de 25 millones de pesos.
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