Por HANNA DREIER y JOSHUA GOODMAN (*)
PUERTO CABELLO.- Cuando el hambre hizo salir a las calles a miles de venezolanos el verano pasado, el presidente Nicolás Maduro recurrió al ejército para administrar los escasos alimentos en el país, poniendo a los generales a cargo de todo, desde la margarina hasta el arroz. Pero en vez de combatir el hambre, el ejército está lucrando con ella, según una investigación de la agencia Associated Press. Eso es lo que el comerciante José Campos encontró cuando se quedó sin alimentos básicos en julio de este año. En medio de la noche, tenía que viajar hasta un mercado ilegal administrado por militares para comprar cargamentos de harina de maíz a 100 veces el precio fijado por el gobierno.
Ahora que varias regiones del país petrolero están al borde de la hambruna, el tráfico de alimentos es un gran negocio en Venezuela. Y las Fuerzas Armadas están en el corazón de todo, según documentos y entrevistas que realizó AP con más de 60 funcionarios, propietarios de empresas y trabajadores, entre ellos cinco ex generales. Como resultado, la comida no está llegando a los que más la necesitan.
El gobierno de EE UU ya tomó nota y sus fiscales investigan a empresarios y altos funcionarios, incluyendo a efectivos del ejército, por lavado de dinero -por fondos que pasan por el sistema financiero estadounidense- provenientes de los contratos de alimentos. “Ahora la comida rinde más que la droga”, afirmó el general retirado Cliver Alcalá.
El fallecido mandatario Hugo Chávez creó el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en 2004 para aumentar el control militar de estos productos ante los intentos de la oposición de derrocarlo. Su gobierno nacionalizó y luego descuidó granjas y fábricas, y la producción doméstica se secó. Cuando el precio del petróleo se derrumbó en 2014, el gobierno ya no tenía recursos para importar lo necesario para el país.
Cuando el hambre provocó protestas y saqueos, Maduro entregó a los generales el poder total sobre la comida. El gobierno importa ahora casi todos los alimentos del país y los sobornos a los generales están incluidos en los altos precios de las importaciones, según Werner Gutiérrez, profesor la Universidad de Zulia. “Si Venezuela pagara los precios del mercado, podríamos importar el doble y fácilmente satisfacer las necesidades de nuestra población”, dijo Gutiérrez. En cambio, hay gente muriendo de hambre. En julio pasado, un empresario sudamericano tenía un barco lleno de maíz esperando en el puerto hacía más de 20 días. Ya había pagado millones en sobornos a funcionarios venezolanos, según él mismo indicó. “¿Cuál es el problema?”, le dijo el general Rodolfo Marco Torres, quien entonces era ministro de Economía y ahora es titular de Alimentación.
“Ahora la comida rinde más que la droga”, afirmó el general retirado Cliver Alcalá
Aunque el dinero no se mencionaba, el empresario (que reservó su identidad) entendió que le pedían más sobornos. Su contrato de maíz de 52 millones de dólares incluyó un sobreprecio de varios millones de dólares, basado en los precios de mercado en ese momento.
Hace poco, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), controlada por la oposición, votó por censurar a Marco Torres por corrupción. Maduro lo rechazó y dijo que intentaban perjudicar al ministerio.
El control militar sobre los alimentos vuelve menos probables las rebeliones de los soldados hambrientos, pero también redujo el suministro de comida. Ante los temores de corrupción, los tres principales vendedores de alimentos de EE UU dejaron de vender directamente al gobierno de Venezuela.
El gobierno socialista dice que toma la corrupción en serio y de vez en cuando detiene a algún funcionario de menor rango. Pero la corrupción persiste desde el puerto hasta los mercados, según decenas de personas que trabajan en Puerto Cabello, a donde llegan la mayoría de los alimentos importados. Mientras, los venezolanos sienten que los militares se están llevando la comida de sus hijos.
(*) Columnistas de la agencia AP
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