Al régimen chavista venezolano y al presidente Nicolás Maduro se le ha abierto un nuevo frente de conflicto, esta vez con sus vecinos y durante mucho tiempo principales aliados.
La suspensión de Venezuela del Mercosur notificada ayer a Caracas por las cancillerías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ha generado una dura respuesta por parte del gobierno bolivariano, que no reconoce dicha suspensión y acusa a los principales socios del Mercosur de “hostigamiento”.
DISCREPANCIAS
Los gobiernos de Mauricio Macri, Michel Temer y Horacio Cartes decidieron, con la abstención del ejecutivo de Uruguay, suspender a Venezuela como miembro de pleno derecho del Mercosur al no haber aprobado 112 resoluciones y unas 300 normas requeridas para integrar el bloque regional, al que se sumó en 2012.
El conflicto diplomático entre Venezuela y los principales socios del Mercosur se gestó en julio pasado, cuando Caracas debía asumir la presidencia pro témpore del bloque, lo que fue rechazado por Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay.
Ahora, tras la notificación de la suspensión, Argentina asumiría esa presidencia desde el 14 de diciembre.
Pero la crisis parece lejos de haber quedado zanjada, luego de que oficialmente el gobierno venezolano calificó la suspensión como “golpe de Estado” y una “agresión a Venezuela de dimensiones realmente muy graves”.
La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, ha negado haber recibido la notificación de la que habla la Cancillería argentina.
“Esa notificación no existe”, señaló Rodríguez a través de Twitter y acusó a los mandatarios de la región de “estar destruyendo el Mercosur”.
Caracas insiste en que seguirá manteniendo la presidencia temporal con voz y voto en el Mercosur.
Argentina, Brasil y Paraguay ven la situación de manera muy diferente: “Cabe destacar que Venezuela contó con cuatro años para incorporar la normativa vigente del Mercosur”, se informó.
Para tratar de reconducir la grave crisis diplomática, queda ahora la posibilidad de que Mercosur le brinde una nueva prórroga a Venezuela para que cumpla con la adaptación de sus leyes a la normativa del organismo. De esa forma, Caracas evitaría una expulsión definitiva.
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