El Gobierno transfirió 62.500 millones de pesos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), para hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de las sentencias que beneficiaron a jubilados y pensionados de Nación, por la recomposición de sus haberes.
De acuerdo con la Decisión Administrativa 1568/16, el Jefe de Gabinete dispuso reasignar los recursos del blanqueo a la ANSeS para cancelar esas obligaciones.
En los considerandos de la medida se destaca que “resulta necesario incorporar los recursos generados en el marco del Artículo 41 de la Ley N° 27.260 de creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que establece un impuesto especial sobre el valor de los bienes que se declaren en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal”.
Más adelante pone de relieve que “la recaudación de dicho gravamen se destinará a la ANSeS, de acuerdo al Artículo 51 de la citada ley, para atender el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”.
Luego la norma remarca que “el flujo de gasto que se deriva de dicho Programa se realizará de manera gradual a lo largo del tiempo en la medida en que los beneficiarios del programa se hagan acreedores efectivos de sus respectivos beneficios, por lo que resulta necesario administrar dichos fondos de manera tal de preservar su valor en el tiempo”.
RECURSOS NECESARIOS
El martes pasado, en una rueda de prensa brindada con el titular de la AFIP, Alberto Abad, el saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, señaló que el resultado parcial del blanqueo de capitales que el Gobierno nacional lleva adelante le permitirá a la Administración Nacional de Seguridad Social contar con los recursos necesarios para cubrir el gasto adicional que le demandará el pago del primer año del programa de Reparación Histórica de los Jubilados y evitar recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para cumplir con este fin.
En dicha oportunidad, Prat Gay reveló que el Régimen de Sinceramiento Fiscal alcanzó los 90.000 millones de dólares de activos declarados, lo que implica unos 82.000 millones de pesos en concepto de penalizaciones del blanqueo.
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