El inminente inicio de la temporada veraniega y de los desplazamientos masivos de vehículos en las rutas de nuestro país, en especial de aquellas que conducen a los principales centros turísticos de la Provincia, replantea no sólo la necesidad de que se perfeccionen los controles de tránsito orientados a la prevención de accidentes, sino también a que se profundicen las campañas de tipo educativo destinadas a quienes protagonicen esta migración, ya sea como automovilistas, pasajeros o peatones. Esta vez, se informó, habrá más de 15 mil efectivos y se destinarán algo más de 300 móviles y 150 motos para cubrir los distintos puntos turísticos de la Provincia.
Con la promesa de no sumar a las fuerzas destinadas a la Costa agentes de las policías, el ministro de Seguridad provincial ofreció detalles del tradicional Operativo Sol que cada verano se monta para acompañar a quienes salen de vacaciones a los distintos puntos de la Costa Atlántica o las sierras bonaerenses.
Según las estimaciones oficiales, cada año cerca de 10 millones de personas visitan la Costa Atlántica bonaerense, Tandil y Sierra de la Ventana y, por ello, los efectivos realizan tareas preventivas como caminatas en las calles y avenidas céntricas, centros comerciales, puestos en el interior de barrios y refuerzo de patrullajes, así como también tareas periciales y de investigación, sin perjuicio de los controles camineros.
En cuanto a la seguridad vial, se habla de medidas y de condicionamientos que hacen a una cultura basada en el imperio de la prudencia. Colocar en las vías camineras una suficiente dotación policial, disponer de radares, destacamentos móviles y patrulleros, para vigilar y educar antes que para labrar infracciones, deben ser los ejes de un programa que apunte a garantizar la seguridad en las vías camineras y a disminuir las terribles estadísticas de muertes en accidentes.
Correspondería recordar que hace unas dos décadas la caprichosa instalación de radares por parte de algunos municipios por cuyas jurisdicciones pasan las rutas se convirtió, casi exclusivamente, en una virtual cacería de infracciones, con excluyentes propósitos recaudatorios. Se pudo estimar en esos años que los Municipios lograban así duplicar el ingreso de recursos anuales a sus presupuestos.
Esa situación, negativa desde todo punto de vista, no debería repetirse. Cabe esperar, por el contrario, que los radares sean un aporte efectivo y que se utilicen con racionalidad, sin abusos, con un claro propósito de contribución a la seguridad vial.
Lo que sigue necesitando la Provincia es una legislación de tránsito ordenada y coherente y a ese objetivo debería apuntarse en el mediano plazo. La superposición de normas nacionales, provinciales y municipales, el accionar conjunto y muchas veces caótico de organismos de esas diversas jurisdicciones, en nada contribuyen para mejorar la seguridad vial.
Está claro que sigue siendo medular poner el acento en la prevención y en la educación de los automovilistas. Atenuar la escalofriante estadística de mortalidad en el tránsito debe ser un objetivo fundamental. Los recursos que se puedan disponer para ello estarán siempre bien invertidos.
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