Más allá de las dificultades de la coyuntura económica, el objetivo anunciado por el gobierno de Cambiemos de alcanzar la “pobreza cero” es un objetivo alcanzable. Al menos eso señala un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
La reciente presión de las organizaciones sociales llevó al Gobierno a ceder y promover la sanción de la “Emergencia Social”. Esto implica derivar a estas entidades fondos públicos del orden de los $30 mil millones.
El fenómeno más notable, y menos atendido, es el uso de la pobreza como argumento para bregar por más gasto asistencial. Para evaluar la pertinencia del reclamo sirve analizar los datos del INDEC y de los presupuestos estatales en ejecución en el año 2016. Según estas fuentes se estima que los ingresos que generan los hogares pobres –excluyendo lo que reciben como asistencia social desde el Estado– se estiman en unos en $7.100 mensuales.
Las transferencias asistenciales que estos hogares necesitarían, por encima de los ingresos que ellos generan, para salir de la pobreza son unos $5.700 mensuales.
El actual gasto asistencial de los Estados nacional, provinciales y municipales divido el total de hogares pobres es de aproximadamente $7.400 mensuales.
Estos datos muestran que la cantidad de recursos que se asignan a ayuda social excede el monto que se necesitaría para que los hogares pobres superen la pobreza.
Según el estudio, en términos aproximados, el Estado eroga en planes sociales más que los ingresos adicionales que los hogares de menores ingresos necesitan para salir de la pobreza. Por lo tanto, que 1 de 4 hogares siga en la pobreza no es un problema de insuficiencia de planes sociales sino una consecuencia de que estos fondos se desvían a otros destinos.
Para alcanzar la meta de “pobreza cero” no hace falta más dinero ni solidaridad sino mejor institucionalidad. El esfuerzo que hace la sociedad pagando impuestos para sostener el gasto social es más que suficiente. Pero estos recursos se administran a través de más de un centenar de programas, con groseras superposiciones, con diseños y gestión muy rudimentarios y niveles muy bajos de control. Esto resulta en que una porción grande de los recursos se derrocha en gastos administrativos, en la captura de los recursos por parte de los organizaciones sociales y en que muchos hogares siendo pobres no reciben la promoción social para salir de la pobreza.
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