El ministerio de Trabajo bonaerense aclaró ayer que el establecimiento San Ignacio, en San Pedro, que es propiedad del diputado nacional Darío Giustozzi, “no está siendo investigado” por la Justicia, como lo había informado el fin de semana, en el marco de una denuncia por explotación de trabajadores rurales que presentó esa cartera y que, según se consignó ayer, no se trata de la propiedad del legislador.
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