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Le exigirán a la empresa informar sobre la calidad del agua en Gonnet y Villa Castells
En la audiencia de ayer, en Derecho, se anticipó una mediación judicial por el agua salada
El prolongado conflicto por el agua que brota salada de las canillas sigue sumando capítulos y ahora las partes se cruzarán en la Justicia. Será el viernes 16 de diciembre, a las ocho y media de la mañana, cuando tendrá lugar una audiencia de mediación entre Absa y los representantes legales de los vecinos de Gonnet y Villa Castells afectados por la salinización del agua potable.
Así se anticipó ayer en la Clínica de Defensa del Consumidor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, que lleva adelante las acciones legales en contra de Absa en representación de los vecinos de esas zonas. En la mediación se solicitará que la empresa informe con leyendas en las facturas que el agua no es apta para el consumo humano. También se planteará en la demanda que se coloquen carteles con esas advertencias en las escuelas y espacios públicos.
Por solicitud de los vecinos de Gonnet y Villa Castells, con el patrocinio de la facultad de Ciencias Jurídicas y, a través de la Secretaría de Extensión, se decidió presentar una demanda en la instancia de la justicia civil.
“Desde el jueves pasado Absa no entrega bidones en la Delegación Municipal”, denunció un vecino de Gonnet.
Según informó el abogado Jorge Martínez, a cargo de la clínica de Defensa del Consumidor, en la justicia Civil y Comercial se presentó una demanda para que Absa informe en las facturas acerca de la peligrosidad del consumo del agua.
“La empresa tiene la obligación de informar y eso lo vamos a tratar en la audiencia que tendrá lugar el 16 de diciembre, el objetivo es evitar la agravación del daño; el primero de una serie de pasos que vamos a realizar”, señaló Martínez.
Se aclaró que la única demandada es Absa y que la presentación se concretará para preservar el derecho a la salud y a la vida.
También participaron del encuentro vecinos de la zona de La Franja, Berisso; de Villa Elisa y de Villa Elvira quienes plantearon una problemática similar, con sospechas de agua contaminada y en el que además se denunció el colapso del sistema cloacal.
Como se sabe, en septiembre pasado el juez Dante Rusconi, titular del Juzgado de Faltas N° 2 le confirmó a los vecinos en la delegación de Gonnet que el agua en esa zona y en Villa Castells no era potable y Absa reconoció la existencia de pozos salinizados.
“La zona que estableció el juez Rusconi es tentativa, se pueden incorporar otros barrios si se presentan los análisis que acrediten la contaminación del agua”, dijo una vecina de Gonnet.
En el encuentro también se aclaró que las acciones vinculadas al consumo colectivo deben tratarse en el Juzgado Civil.
“En la mediación se pedirá que la empresa le informe a los vecinos acerca de la calidad del agua que distribuye y si eso se aprueba, tiene el peso de una sentencia, luego se pensará en los próximos pasos que se darán, pero se necesita tiempo para trabajar”, apuntó Martínez.
Los vecinos de Gonnet y Villa Castells señalaron que el problema del agua afecta a unos 50 mil vecinos y que esperan que Absa haga las obras necesarias para distribuir agua potable; que se informe a la población sobre los riesgos de consumir agua no potable y que no se cobre por el servicio de agua potable, mientras no se preste.
Los vecinos consignaron que decidieron solicitar el apoyo de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP quien les dio su patrocinio legal gratuito a través de la Clínica de Defensa del Consumidor.
También se realizó en las últimas semanas una campaña de difusión a través de volantes para repartir en las escuelas de esa región y en la rotonda de Camino Centenario y 501.
Además se recordó que en el juzgado de Faltas N° 2 se dictaron tres resoluciones y una medida cautelar, en la que se ordenó a Absa abastecer de agua potable en bidones “con rótulo de contenido” y a Absa y a la Municipalidad garantizar el “derecho a la información” que informe a la gente que el agua no es apta para el consumo. Además se ordenó a Absa reliquidar las facturas desde julio de 2016 “no cobrando el agua ni los impuestos proporcionales”.
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