La Cámara de Diputados aprobó anoche por amplia mayoría el nuevo proyecto que prorroga la Emergencia Social hasta diciembre de 2019, tras un acuerdo político sellado con más de 40 organizaciones sociales.
La iniciativa que faculta al jefe de Gabinete a reestructurar partidas presupuestarias hasta 30.000 millones de pesos hasta el fin del mandato del presidente Macri fue sancionada con 227 votos a favor, sólo uno en contra que correspondió al salteño Alfredo Olmedo y cuatro abstenciones que fueron de los representantes del Frente de Izquierda
La norma también prevé la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social”, como así también el “Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)” y la destinación de partidas presupuestarias a los fines de financiar esas instituciones.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), aseguró que el proyecto “viene a reconocer el duro diagnóstico de los últimos años y a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles, en un marco de diálogo que no existía hasta hoy”.
La jefa del bloque por el Frente Renovador, Graciela Camaño, sostuvo que “el proyecto es el mea culpa más vergonzoso de la política porque estamos reconociendo que hay millones de compatriotas que están en la economía informal y es un título elegante para decir que hay millones de compatriotas que se la rebuscan para sacar su familia adelante”.
El massista y representante de la actual conducción de la CGT Héctor Daer le advirtió al oficialismo que “no es el camino a la pobreza cero el que encaramos”, y llamó a poner fin al “asistencialismo de los planes sociales”.
Néstor Pitrola, representante del Frente de Izquierda, manifestó su rechazo al acuerdo político con movimientos sociales y aseveró que el pacto convalida “una red de precarización laboral”.
El diputado y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, apuntó que “nacimos como piqueteros porque no había posibilidad de hacer huelga” y resaltó que “esta ley viene a plantear” el reclamo de los sectores sociales sobre “la necesidad de darle poder a los pobres”.
Finalmente el polémico Olmedo criticó el proyecto al sostener que los titulares de los planes sociales “hacen cola para cobrar por no hacer nada”.
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