Diputados nacionales del oficialismo y la oposición protagonizaron ayer en el recinto de la Cámara baja una fuerte polémica subida de tono por la situación de Milagro Sala, que incluyó acusaciones, cuestionamientos y cuestiones de privilegio cruzadas.
La polémica se inició cuando la diputada del Frente para la Victoria-PJ por Entre Ríos, Carolina Gaillard, presentó una cuestión de privilegio contra Mauricio Macri por el caso Sala, al sostener que “es una barrabasada jurídica lo que dijo el Presidente cuando le preguntaron por qué estaba presa y dijo que la mayoría del pueblo está de acuerdo en que debe estar presa”.
Tras pedir al Gobierno que acate las recomendaciones de organismos internacionales que pidieron la libertad de la dirigente de la Tupac Amaru, Gaillard insistió en que Sala “debe ser liberada: estamos discutiendo que en Argentina hay un régimen democrático, por el cual se debe cumplir con el Estado de derecho. Se deben cumplir con el debido proceso y las garantías procesales, eso es lo que se está violando”.
Desde Cambiemos, le respondió la radical jujeña Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, quien aseguró que “en Jujuy hay Estado de derecho desde diciembre pasado, porque antes había un Estado paralelo”.
“Milagro Sala no es presa política, es una corrupta, una mafiosa que dejó a la gente sin dignidad”, afirmó Burgos, en un enfático discurso y en medio de fuertes gritos de legisladores del kirchnerismo, a quiénes les pidió: “Déjenme hablar, de que tienen miedo. A quién le tienen miedo. A Milagro Sala o a los de arriba”.
Según la diputada radical, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, “era el único que podía poner orden en la provincia” y reiteró que “todas las obligaciones procesales e internacionales fueron cumplidas a rajatabla”, al afirmar que “el Poder Judicial de Jujuy hoy es independiente: hoy hay justicia”, a la vez que se preguntó: “Dónde están los derechos de las víctimas de cada uno de los jujeños y jujeñas que han sido vulnerados”.
También, en esa misma línea, la diputada por Jujuy, Alejandra Martínez, rechazó las acusaciones contra el gobierno provincial y planteó una cuestión de privilegio contra Gaillard, a quien pidió “respetar las instituciones democráticas y no defender la corrupción porque si no son cómplices de la corrupción”.
Ayer, el juez penal de Jujuy Pablo Pullén Llermanos confirmó un nuevo procesamiento contra la jefa de la Tupac Amaru, en una causa por tentativa de homicidio a raíz de un tiroteo ocurrido en 2007 donde una niña de 11 años sufrió heridas en el estómago al quedar en medio del intercambio de disparos.
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