Para sumar argumentos al debate que se viene en el Senado, el Gobierno realizó un relevamiento técnico-político del proyecto opositor y en el texto marcó una serie de críticas que aluden a incongruencias de forma y faltas de “certeza”, a otras complejidades que llevaron a “no saber”” qué se votó, a supuestas inconstitucionalidades y hasta a la posibilidad de que se haya perpetrado un “boicot político” al blanqueo de capitales.
En un documento interno de circulación restringida al que tuvo acceso DyN, las autoridades económicas detallaron lo que, a su juicio, son “Los 12 puntos flojos del proyecto aprobado por el peronismo”, cuya lista fue encabezada con un “no saben qué mínimo imponible votaron”, en referencia a “fórmulas muy parecidas a la tablita de (José Luis) Machinea” derivada del cálculo que se hace en el proyecto sobre “los sueldos a partir de los cuales se tributa el impuesto”.
El punto 2 explica que el proyecto “crea múltiples deducciones, cuyo control por parte de la AFIP es imposible, con lo cual todo el mundo las va a usar, tengan derecho o no, por lo que termina funcionando como un mínimo no imponible más alto”.
El tercer ítem alude al otorgamiento de exenciones “que terminan elevando el mínimo no imponible a conceptos del sueldo como productividad; así, los salarios incorporan un gran componente por este concepto, que es muy heterogéneo, con lo cual una gran proporción del sueldo va a estar exento”.
En el punto 4 se explica que el proyecto establece una serie de “privilegios para la zona del país con mayores sueldos y mayores índices de desarrollo humano como son las provincias patagónicas y La Pampa, otorgando 45% más de mínimo no imponible”. Y hace una referencia política: “ni CFK se había animado a tanto (30%)”.
En el quinto lugar de la lista se menciona que el proyecto aprobado exime de Ganancias a los jubilados que ganen hasta 60.000 pesos. “Ahora bien, la jubilación máxima del SIPA llega a 41.474, ¿a qué jubilados de privilegio quieren beneficiar?”, se pregunta.
MONOTRIBUTO
Los puntos 6 y 7 se refieren a la suba de la facturación límite del monotributo y allí se critica que “no” se aumenta ni el componente impositivo que “no se mueve desde el año 2004 y el de aporte a seguridad social desde 2012, produciendo que la carga impositiva en términos de facturación sea más baja para el que factura 1,2 millones que para el que factura 100 mil”. Y explica que “permite volver a cualquiera al monotributo, por más que sea evasor”.
Luego, el documento alude a que el proyecto del Ejecutivo establecía aumentos de las escalas del artículo 90 para los próximos tres años y asegura que el votado “sólo actualiza los montos de 2017 (luego utiliza una actualización anual)” y que “esto perjudica a las escalas más bajas”.
El punto 9 argumenta contra la imposición a la renta financiera: “está mal hecha”, asegura y añade que la medida “encarecerá el crédito bancario, tan necesario para la reactivación”. Según el análisis oficial “le van a retener a todo el mundo (inclusive a los que no pagan Ganancias) los intereses de las cajas de ahorro y cuentas especiales de ahorro, plazo fijo judiciales y otras formas de captación de depósitos”. También se afirma que “la capacidad de recaudación es muy baja” porque se grava a las personas y no a las empresas”.
La crítica número 10 dice que “no hay ahorro fiscal significativo ” incorporando a los nuevos jueces. En el undécimo lugar se hace una referencia a que roza la cuestión constitucional: “Las ganancias por dólar-futuro tributaron Ganancias (35%) y ahora les quieren cobrar 15% más. Este impuesto es de recaudación incierta y podría resultar confiscatorio”.
Por último, el punto 12 se refiere al impuesto a “los inmuebles improductivos” y le ven un objetivo político contra el blanqueo que lleva el Gobierno.
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