Pedido de prisión preventiva para Lula por lavado de dinero

SAN PABLO.- La Fiscalía de San Pablo presentó cargos contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una investigación por lavado de dinero, lo que arroja una sombra de duda sobre quien fuera una de las figuras políticas más destacadas de Brasil, ahora perseguido por acusaciones de corrupción. Los cargos presentados por la fiscalía parten de acusaciones de que el ex mandatario ocultó la supuesta propiedad de un lujoso penthouse ubicado frente a la playa en la ciudad de Guarujá. Ayer, en rueda de prensa, el fiscal Cassio Conserino comentó que era claro que el departamento de tres pisos, en el cual se centra el caso, era para la familia de Lula. Lula niega ser el dueño en las sombras del penthouse, que pertenece a la constructora OAS. La empresa es uno de los grandes objetivos de una investigación federal paralela sobre corrupción que se centra en la petrolera estatal Petrobras. La semana pasada, Lula fue detenido para que rindiera declaración y la policía allanó su casa como parte del proceso.

Los cargos presentados el miércoles contra el ex mandatario y su esposa Marisa Letícia Lula da Silva tienen que ser aprobados ahora por un juez. El fiscal Conserino agregó que no tiene idea de qué sucederá, lo que indica que la siguiente determinación en el caso podría tomar tiempo. En un comunicado, el carismático ex presidente dijo que los investigadores “no son imparciales” y que no tienen autoridad para llevar a cabo las pesquisas. “Los cargos presentados por la oficina del fiscal general de San Pablo no son una novedad porque ya fueron anunciados en la revista Veja el 22 de enero de 2016”, indicó Lula. La denuncia también alcanza a otras 14 personas, entre ellas el hijo mayor del ex mandatario, Fabio Luiz Lula da Silva, y el ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto.

Investigadores federales están intentando averiguar si las mejoras realizadas al penthouse de Guarujá y otro proyecto de construcción en una casa de campo, utilizada por Lula y su familia, constituyen favores realizados a cambio de beneficios políticos. Ambos lugares sufrieron importantes remodelaciones pagadas por empresas constructoras que durante décadas tuvieron contratos con el gobierno federal.

Las empresas están también en el centro del escándalo de Petrobras que asciende a los 2.000 millones de dólares. Lula admite haber visitado el departamento dos veces, pero dijo que nunca le perteneció, y sostiene que la casa de campo es de unos amigos que se la prestan. Los investigadores federales buscan determinar también si Lula vendió su influencia en el actual gobierno a cambio de ofrecer discursos y donaciones al Instituto Lula, su organización sin fines de lucro.