La denuncia y pedido de prisión preventiva formulados por la Fiscalía de San Pablo contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ya investigado por corrupción en el caso del fraude a Petrobras, presionan aún más al debilitado gobierno brasileño. Ahora lo acusan de ocultación de propiedad y lavado de dinero, ya que el ex mandatario tendría un lujoso departamento en el balneario de Guarujá, algo que Lula niega tajantemente. En paralelo, el mismo inmueble también es objeto de investigación en el caso Lava Jato que desentraña la red de corrupción tejida entre políticos, empresarios y ex directivos de la petrolera estatal Petrobras, que investiga la Fiscalía de Curitiba y que sacude a la clase política brasileña. El departamento está a nombre de la constructora OAS, involucrada en el esquema de fraude, y se sospecha que podría ser un “pago de favores” a cambio de contratos con Petrobras. En tanto, se comenta que Lula podría ser nombrado ministro por la presidenta para respaldarlo. De hecho, Dilma ya le habría ofrecido un cargo que Lula rechazó, según el diario Folha de San Pablo. “No se sabe si es cierto el rumor, pero si ocurriera sería muy malo para el gobierno, se vería como una medida de protección personal a Lula”, afirmaron expertos de la Fundación Getulio Vargas.
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