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El gobierno bonaerense cumplirá esta semana sus primeros 100 días de gestión. Es un lapso breve como para exigir resultados concretos. La administración de María Eugenia Vidal está aún en esa etapa de conocer los pormenores de la herencia sciolista y todavía ausculta algunos resortes de poder con los que le cuesta entenderse.
Buena parte de los funcionarios que acompaña a la Gobernadora dice que “se ha hecho mucho” al describir las medidas y acciones para enderezar un frente interno administrativo complejo en una provincia con un déficit financiero que se fue agravando a partir de su histórica discriminación en materia de reparto de recursos federales.
El problema es que esas medidas no se ven. Y sus efectos, aún cuando acarreen beneficios, sólo serán palpables en un futuro no tan cercano. El gobierno de Vidal empieza a experimentar la sensación de propios y extraños de que todavía la cuesta arrancar.
Comienza a sentir que sus propias necesidades políticas le aprietan el zapato. No sólo eso: ya corre el tiempo de descuento para comenzar a cumplir compromisos políticos con sectores de la oposición que, por ejemplo, le permitieron allá por enero gambetear con éxito el difícil trámite de la aprobación del Presupuesto.
Bien podría decirse que la gestión de Vidal se anotó una victoria política al garantizar el inicio sin conflicto de las clases tras el acuerdo salarial con los docentes. Es un punto a favor importe y no es poca cosa.
La cuestión es que ahora se le empezarán a exigir resultados en otras áreas.
Esas necesidades políticas podrían ayudar a explicar en buena parte la oportunidad elegida por el gobierno de Cambiemos para tomar deuda en el exterior por unos 20 mil millones de pesos. En sectores de la oposición y en ámbitos empresarios sorprendió el hecho de que la Provincia decidiera no esperar el acuerdo que está al caer con los holdouts para salir a buscar fondos frescos en el exterior.
Pagó una tasa cercana al 9,3% cuando, acaso, aguardar el cierre con los fondos buitres le hubiese permitido encontrar condiciones más acomodadas para endeudarse, tal como se venía especulando en los mercados.
Sin embargo, la oportunidad remite a la imperiosa obligación de mostrar un gobierno que empieza a transitar el camino de saldar algunas de las promesas de campaña.
“Hay que empezar a hacer obras, es la mejor forma de mostrar una gestión activa”, admiten cerca del Ejecutivo. En esa dirección va la decisión de pagar una tasa que en algunas semanas podría haber resultado un tanto más baja.
No sólo están las necesidades de Vidal y su gestión. La acuciante situación de muchos municipios ayudan a explicar aquella decisión de no aguardar el acuerdo con los holdouts.
NEGOCIACION
La Gobernadora logró aprobar el Presupuesto luego de una trabajosa negociación en la que debió ceder parte del endeudamiento autorizado a los intendentes. Por goteo, las comunas recibirán en forma proporcional fondos de la deuda que tome la Provincia.
La mayoría de esos alcaldes esperan ansiosos el bálsamo del aporte de recursos frescos para reactivar obras detenidas desde hace meses que disparan malestar social en sus terruños o emprender otras que no pueden depender de sus propias arcas, en la mayoría exhaustas de atender gastos de funcionamiento burocrático. Ellos también presionaron para que se concretara la emisión de bonos en Europa y Estados Unidos.
Apenas se abrochó la negociación entró en escena uno de los funcionarios clave que trabajará en la cristalización de un “ambicioso” plan de obras públicas: el ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón.
El funcionario comenzó una ronda con intendentes propios y ajenos para ir delineando las intervenciones urbanas que se ejecutarán en los distritos.
En forma paralela, el gobierno provincial busca cerrar el círculo con una ley que juzga necesaria pero que genera cosquilleos en sectores de la oposición: la declaración de emergencia en el área de Infraestructura.
Vidal aspira a que la Legislatura le de vía libre a ese proyecto que naufragó allá por enero cuando se priorizó aprobar el Presupuesto en medio de versiones de supuestas presiones de sectores empresarios para frenar una iniciativa que abriría el juego a firmas ajenas a la Provincia.
Esa herramienta es entendida como “vital” en el Ejecutivo para acelerar los tiempos de la contratación de obras y licitaciones, y forma parte del esquema oficial tendiente a mostrar al gobierno en acción.
EL FPV, EN LLAMAS
La crisis en el Frente para la Victoria, no cede. Una vez más, la situación explosiva que existe entre los diputados bonaerenses detonó de la peor forma y adoptó la forma de agresiones entre algunos de sus integrantes.
Los hechos de violencia que sucedieron a la renuncia del cuestionado camporista José Ottavis a la presidencia del bloque, dejaron al descubierto que la dimisión no alcanzó para disipar las tensiones entre el sector más ultra K y los dialoguistas, más proclives a acompañar aún con posiciones críticas algunas iniciativas del Ejecutivo provincial.
La disputa no parece cerca de saldarse. La creación de una conducción colegiada surge como un atajo tendiente a evitar una ruptura que existe en los hechos más allá de que los legisladores sigan moviéndose bajo un mismo paraguas.
La Legislatura dejó la última semana dando vueltas un enorme interrogante: si la disputa entre Cambiemos y el Frente Renovador en el Senado por el reparto de espacios de poder, se acotará a esa refriega intestina o tendrá un efecto estampida como para erosionar el acuerdo de gobernabilidad que sellaron Vidal y Sergio Massa.
El tigrense empezó a marcar diferencias, cada vez más evidentes, con el gobierno nacional. Y se sabe que mandó a algunos de sus legisladores a cuestionar a la gestión de Vidal por motivos puntuales en lo que aparece como el arranque de una etapa de diferenciación acentuada.
La sesión de esta semana en la Legislatura marcará si ese cortocircuito en el Senado tendrá efectos más profundos.
(*) Periodista de la sección Política
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