Cientos de miles de ciudadanos salieron ayer desde temprano a las calles de las principales ciudades de Brasil para protestar contra el gobierno y reclamar la renuncia o la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, cuestionada en los últimos meses por escándalos de corrupción y dificultades en la marcha de la economía, sin que se reportaran disturbios. Se estima que, en total, se movilizó más de un millón de personas. Sólo en San Pablo, la mayor ciudad del país, las protestas convocaron a unas 450.000 personas, según el Instituto Datafolha. En Brasilia, la capital del país, unas 200.000 personas marcharon unos dos kilómetros, desde el Museo de la República hasta la sede del Congreso. En Río de Janeiro, otras 200.000 personas se concentraron en Copacabana. También hubo nutridas marchas en Curitiba, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Maceió y Salvador, entre otros puntos.
Las movilizaciones fueron convocadas por organizaciones sociales y partidos opositores, contra la corrupción y la permanencia de Rousseff al frente del gobierno. Otro de los objetivos de la protesta fue el fundador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por ocultamiento de bienes y lavado de dinero y con pedido de prisión preventiva por sus presuntos nexos con el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Además de banderas y pancartas, menudearon ejemplares del Pixuleco, muñeco inflable con la imagen de Lula vestido con el traje a rayas con que se identifica a los presos.
El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal fuerza de oposición del país, señaló que estas marchas podrían ser “definitivas” para impulsar el juicio político contra Rousseff. Dilma enfrenta una severa crisis, producto del escándalo causado por el desvío de al menos 2.000 millones de dólares de Petrobras y por la mala situación económica del país, lo cual derrumbó su popularidad al 10%. Las maniobras en Petrobras, de las que se beneficiaron los partidos de la coalición gobernante y las empresas que se prestaron a ellas, ocurrieron durante los dos mandatos de Lula (2003-11) y el primero de Rousseff (2011-15). Por la investigación de Petrobras están presos, imputados o sospechados decenas de políticos, legisladores, ex funcionarios, empresarios y ejecutivos. Entre ellos figuran el propio Lula -quien días atrás fue forzado por la Policía Federal a prestar declaración- y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Renan Calheiros y Eduardo Cunha, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del PT.
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