Las viviendas que se encuentren “ociosas”, es decir, sin ocupación de ningún tipo, podrían pagar hasta un cincuenta por ciento más de Impuesto Inmobiliario a partir del segundo año en que se encuentren en esa condición.
Así lo estipula un proyecto de ley impulsado por la oposición en la Legislatura bonaerense que ya anticipa polémica y un fuerte debate.
El proyecto fue presentado por el diputado Gustavo DiMarzio, del Frente para la Victoria, alineado al sector del Movimiento Evita.
Básicamente, propone introducir modificaciones en la ley 14.449, de Acceso Justo al Hábitat, de forma tal de establecer una “contribución especial sobre el Impuesto Inmobiliario correspondiente a las viviendas ociosas”.
La norma, sancionada en 2012, había sido impulsada por diputados de La Cámpora y el Movimiento Evita y había generado polémica ya que contemplaba la cesión obligatoria de un porcentaje de los lotes por parte de countries, barrios cerrados y otros grandes emprendimientos inmobiliarios.
El proyecto de Di Marzio establece modificar esa norma, específicamente en lo que hace a las fuentes de financiamiento del denominado “Fondo Fiduciario Público para la Mejora del Hábitat”.
El legislador propone que a partir de 2016 se establezca una contribución adicional sobre las viviendas ociosas, que se aplicaría de la siguiente manera. Un adicional de 25% sobre el Impuesto Inmobiliario “una vez transcurrido el primer año desde que la vivienda se declare ociosa”. Y un adicional del 50% sobre el mismo tributo “una vez transcurrido el segundo año desde que la vivienda se declare ociosa”.
Según el proyecto, una vivienda ociosa “es toda edificación susceptible de ser habitada por personas, de manera temporal o permanente, que se encuentre desocupada por más de un año”.
En esa definición se excluyen aquellas cuya titularidad corresponda a las administraciones públicas, aquellas cuyo uso sea el esparcimiento durante una determinada época del año o que dispongan de un contrato de locación vigente.
Tampoco se considerarán viviendas ociosas las que hayan sido construidas por empresas dedicadas a la construcción o venta pero que todavía no hayan conseguido comprador ni las que sean propiedad de trabajadores que por razones laborales se encuentren sujetos a movilidad geográfica.
En los fundamentos de la norma, DiMarzio afirma que según estimaciones en el territorio de la Provincia hay unas 950 mil viviendas ociosas. Y que ese dato se inscribe en un contexto “con dos caras”. “Por un lado los inconvenientes para las clases medias o bajas para acceder a su primera vivienda y por otro un importante número de personas que disponiendo ya de una vivienda adquieren otros inmuebles como mera inversión”.
SUSCRIBITE a esta promo especial