Intrigas y tensiones en la Fiscalía de Estado

Por MARIANO PEREZ DE EULATE

Una situación de extrema tensión se vive por estos días en la Fiscalía de Estado bonaerense, uno de los organismos de control establecidos en la Constitución provincial que tiene como una de sus misiones velar por los intereses estatales interviniendo en juicios y verificando la legalidad de las decisiones administrativas del Ejecutivo.

Convergen en la oficina del fiscal Hernán Gómez -de lejano origen radical- un notorio descontento gremial por una ola de nombramientos “políticos” que se efectivizaron durante el último tramo de la gestión de Daniel Scioli (que irían en detrimento del crecimiento profesional de los funcionarios de carrera del organismo) y cierta presión del gobierno de María Eugenia Vidal, que ya empezó a interesarse por lo que sucede en ese espacio tradicionalmente manejado por la oposición.

Este diario dio cuenta la semana pasada del malestar de la Asociación de Personal de los Organismos de Control (APOC) no sólo porque se crearon numerosos cargos nuevos en la Fiscalía sino porque, además, no se priorizó al personal de carrera para cubrirlos.

En Fiscalía hay un notorio descontento gremial por una ola de nombramientos “políticos” que se efectivizaron durante el último tramo de la gestión de Scioli

En verdad, es un tironeo que arrancó el año pasado cuando se confirmó que Gómez -que sí es un funcionario de carrera- ocuparía definitivamente el lugar de Fiscal de Estado, luego de la muerte del histórico Ricardo Szelagowski.

Lo que vino después fue una reforma notable de la estructura orgánica de la Fiscalía, que incluyó nombramientos en los cargos de Jefe de Departamento para arriba y que también llevó a crear un segundo puesto de fiscal adjunto -antes había uno solo- y a aumentar la cantidad de subsecretarías, elevándolas a nueve.

En fuentes gremiales y políticas no peronistas se objeta que muchos de esos cargos fueron cubiertos por gente vinculada a Scioli y al ahora opositor Frente para la Victoria, y se sindica a Gómez como obvio “facilitador” de esos nombramientos.

Según voceros no oficiales de la Fiscalía, en esa tanda del año 2015 se efectivizaron más de 90 cargos. Lo dicho: muchos de ellos fueron de jerarquía.

Sólo por mencionar algunos nombres: es público que uno de los fiscales adjuntos, Mariano Cervellini, fue un alto funcionario sciolista (su padre, además, sería asesor del organismo); también que el subsecretario Fabián Stachiotti fue antes secretario de Tierras provincial o que su par, Luciano Martini, fue senador provincial kirchnerista en representación de La Plata; e incluso que la subsecretaria María Agostina Cacault fue estrecha colaboradora de Scioli en la Unidad Gobernador.

Desde la Fiscalía se asegura que todos los nombramientos siguieron los caminos normales para sus respectivos casos. Esto es: los expedientes nacen en la propia Fiscalía y se elevan a la firma del Gobernador. Pero lo que denuncian concretamente los voceros oficiosos consultados por este diario es que muchas de esas designaciones fueron parte de un acuerdo político “desmesurado” con la anterior gestión.

Justamente por esto último es que el actual gobierno macrista, asumido en diciembre pasado, empezó a prestarle atención al tema. Vidal se habría encontrado con serios reparos de la Fiscalía -enviados por emisarios no formales- respecto al proyecto de ley de Emergencia en Infraestructura que ella impulsa en la Legislatura y también sobre la idea más general de avanzar con una modernización del Estado provincial para acelerar pasos administrativos en todas las áreas.

Vidal tendría, además, la presión de Sergio Massa. En efecto, cerca del tigrense explican que la composición de la Fiscalía de Estado figuró en las conversaciones decisivas del acuerdo de gobernabilidad que sellaron el Frente Renovador y Cambiemos y que le asegura a la Gobernadora cierto manejo favorable de la Legislatura.

No es un secreto: el mundillo político sabe que el massismo aspira a retener lugares en los organismos de control, entre los que se cuentan la Fiscalía. Ya logró mechar representantes en algunos y, además, maneja otros cargos clave, como la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia. Ahora, dicen desde Tigre, también apuntarán a la Defensoría del Pueblo bonaerense, un sillón para el que sería candidato el ex diputado Walter Martello.

El actual gobierno bonaerense habría puesto especial atención sobre el funcionamiento de la Fiscalía de Estado y el tema de los nombramientos

Ese interés massista por la Fiscalía de Estado es utilizado cerca de Gómez como argumento propio para explicar los motivos reales de la protesta sindical antes mencionada: sindican al gremio como una organización cercana al diputado nacional.

Que la situación es tensa lo demuestra el hecho de que, según fuentes del propio organismo, en las últimas semanas unos cien trabajadores de la Fiscalía se desafiliaron del sindicato, supuestamente presionados por la cúpula del organismo. En APOC prefirieron no responder las consultas.