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Fue el 25 de junio de 2009, en un partido contra Nacional de Montevideo. Los acusados son siete
El juez de Garantías de La Plata Pablo Raele elevó ayer a juicio oral la causa que investigó a barrabravas y policías por el violento ataque con disparos de arma de fuego, y robo a hinchas de Estudiantes, en el Estadio Unico, durante el partido contra Nacional de Montevideo.
La medida judicial recayó sobre los procesados como presuntos coautores Carlos Fabián Giannotta, Gustavo Javier Molina, Ariel Evrett, Juan Ponce Molina y Carlos Garañá Morales (todos serían barras de Estudiantes), mientras que los por entonces funcionarios policiales Osvaldo Américo Domínguez y Miguel Lattanzio, serían partícipes necesarios.
En la resolución se detalló que el 25 de junio de 2009, cerca de las 20, unos 12 “barra bravas del club local, al menos tres de ellos con armas de fuego, -con la participación necesaria de al menos dos funcionarios públicos, uno integrante del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (COPROSEDE) y otro del ministerio de Seguridad, quienes abusando de su condición les facilitaron el tránsito desde la tribuna popular norte a la sur- irrumpieron en dicho sector del estadio y agredieron a golpes a Sergio Bernardo Chans Salmantón, conocido como El Uruguayo, su hijo y otras personas que se encontraban allí, arrebatándoles las banderas del club Peñarol que llevaban consigo, la gorra y un reloj, propiedad del primero de ellos”.
También se explicó que “Chans fue arrinconado contra una de las esquinas de la tribuna y golpeado ferozmente por varios de los integrantes de la barra, mientras uno de ellos le descerrajó un disparo en el muslo”.
“Mientras el herido era golpeado en el suelo, otro de los agresores, quien resultaría ser el jefe de barra brava de Estudiantes, le robó del bolsillo trasero $ 1.000”, se afirmó en la elevación a juicio.
El juez precisó que “inmediatamente después de consumadas las lesiones y los robos de las banderas, los atacantes ganaron la parte alta de la tribuna, lugar en el que los aguardaban los funcionarios antes mencionados, quienes valiéndose en su condición de tales, nuevamente les franquearon el tránsito a la tribuna cabecera norte”.
El magistrado encuadró legalmente el caso como “robo doblemente calificado, por su comisión con arma de fuego apta para el disparo, y por ser cometido en poblado y en banda”.
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