La Corte valida el testimonio de un delator que acusa a Dilma y a Lula

La Corte Suprema de Brasil llegó a un acuerdo con el senador oficialista “arrepentido” Delcidio Amaral (procesado por el fraude a Petrobras), y aceptó validar su testimonio que incluía denuncias impactantes de corrupción contra la presidenta Dilma Rousseff y su predecesor Luiz Inácio Lula da Silva, además de otros líderes políticos, a cambio de una futura reducción de su condena.

Horas después de la decisión del máximo tribunal, Amaral -ex jefe del bloque oficialista en la Cámara Alta- pidió su baja del Partido de los Trabajadores (PT en una escueta carta dirigida a la dirección regional del partido en el estado de Mato Grosso do Sul (oeste del país), de donde era uno de los principales dirigentes de la formación oficialista.

Amaral, que fue ministro de Minas y Energía y siempre tuvo buenas relaciones con los dirigentes del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se afilió al PT en 2001, un año antes de que Lula fuese elegido presidente por la formación que ayudó a fundar. Pese a sus pocos meses de militancia, Amaral fue candidato a senador del PT por Mato Grosso do Sul y resultó electo en 2002 y reelecto en 2010.

Tras haber sido un importante aliado en el Congreso tanto de Lula como de Rousseff en su primer mandato, el senador fue nombrado por la presidenta como portavoz del Gobierno en el Senado en abril del año pasado.

GRAVES ACUSACIONES

En su delación, divulgada también ayer por la Justicia, el senador involucra tanto a Rousseff como a Lula en varios casos de corrupción. Entre otros ilícitos, acusa a Rousseff y Lula de chantajear a testigos de asuntos de corrupción, entre ellos a él mismo, de financiación ilegal de sus campañas electorales, de presionar a jueces del Tribunal Supremo y de tener conocimiento o autorizar operaciones ilegales en Petrobras.

En la declaración incriminatoria, que tiene 255 páginas y aporta pruebas como sus agendas oficiales, listas de llamadas y pasajes aéreos, denuncia también a numerosos políticos de partidos oficialistas y de la oposición.

Amaral fue encarcelado en noviembre pasado acusado de “obstaculizar a la Justicia” y de intentar sobornar a algunos implicados en la red de corrupción petrolera a cambio de su silencio. Hace un mes, la Corte Suprema autorizó que siguiera detenido en su domicilio y que incluso retomara su actividad parlamentaria, lo que aún no ha hecho.

El acuerdo de cooperación propuesto por Amaral fue aceptado por la Corte Suprema en momentos en que la crisis política que enfrenta el Gobierno de Rousseff se ha agudizado, alimentada por las protestas en que las que el último domingo unas 3,6 millones de personas tomaron las calles de todo el país para exigir su destitución. En el caso de Lula, la denuncia de Amaral agrava las sospechas que volcó en su contra la Fiscalía de San Pablo, que lo acusó formalmente de lavado de dinero mediante el ocultamiento de patrimonio y falsificación de documentos, cargos que la justicia analiza pero aún no ha aceptado.

INTENTO DE SOBORNO

Asimismo, Amaral acusó al ministro de Educación, Aloizio Mercadante, de querer sobornarlo para evitar que comprometiera al gobierno de Dilma ante la Justicia. Mercadante, figura histórica del PT, le pidió a Amaral a través de un colaborador que no cediera al acuerdo de delación premiada con la Justicia, prometiéndole a cambio respaldo político y financiero, según la confesión del legislador difundida ayer. Por su parte, Mercadante negó rotundamente la acusación formulada por Amaral.