El tratamiento en el Senado bonaerense del proyecto que declara la emergencia en infraestructura, aprobado el miércoles en Diputados, quedó postergado, luego de que el cuerpo decidiera aplazar la sesión que iba a realizarse ayer para buscar la sanción de la norma.
La puja abierta entre los bloques de Cambiemos y el Frente Renovador en el Senado bonaerense, y un cierto malestar en el oficialismo ante el “apuro” del Ejecutivo por el tema, fueron dos de los factores que llevaron a la postergación de la sesión de ayer, que se realizará la semana que viene junto a los homenajes por el aniversario del golpe de Estado de 1976.
El proyecto, que apunta a apurar los plazos para la licitación y adjudicación de la obra pública en la Provincia, fue aprobado el miércoles en Diputados con el voto del oficialismo, sus aliados del Frente Renovador y del Frente Progresista, mientras que el Frente Renovador votó en contra.
Enseguida, la norma fue girada al Senado, donde ayer ingresó formalmente, para la sanción definitiva.
Pero en la Cámara alta el oficialismo está enfrascado por estos días en una tensa negociación con sus aliados del massismo por el reparto de las comisiones legislativas del cuerpo.
El eje del conflicto fue la presidencia de la principal comisión, la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, en manos de Cambiemos, que el Frente Renovador reclamaba para sí.
La semana pasada, el vicegobernador Daniel Salvador y los senadores de Cambiemos decidieron dar por cerrada la negociación. La presidencia del cuerpo emitió un decreto con la composición de las comisiones, en el que se dejó espacios en blanco para que sean ocupados por el massismo.
Pero los hombres de Massa siguen sin acercar posiciones. De hecho, decidieron no enviar legisladores ni asesores a las reuniones de comisiones que se realizaron esta semana. En ese marco, y con la certeza de que no se podría abrir una discusión por el tratamiento de la emergencia en infraestructura, desde el oficialismo en el Senado se resolvió postergar el tratamiento de la norma, pese a los reclamos y el “apuro” que manifestó el gobierno de María Eugenia Vidal por la ley.
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