Luego de que en la Legislatura avance la ley de Emergencia en Infraestructura, la gobernadora María Eugenia Vidal envió a las cámaras para declarar el mismo mecanismo de excepción en materia “administrativa y tecnológica”. La iniciativa, a la que tuvo acceso EL DIA, permite al Poder Ejecutivo contratar bienes y servicios sin intervención previa de los organismos de control previstos en la Constitución, como la Contaduría, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General.
La declaración de emergencia administrativa y tecnológica, dice el proyecto, apunta a “paliar el grave déficit en estas materias que en el transcurso de los últimos años se ha visto incrementado progresivamente y posibilitar la modernización de los organismos”.
Entre sus principales disposiciones, permite al Ejecutivo contratar empresas que no formen parte del Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia, igual a lo que contempla la emergencia en infraestructura.
El artículo 4º, en tanto, dispone que los ministerios y secretarías del Ejecutivo puedan contratar bienes y servicios “sin requerirse la intervención previa de los órganos de control y asesoramiento” si el monto no supera una cifra que el proyecto deja sujeta a la reglamentación de la norma.
Además, la iniciativa dispone que la Contaduría, la Asesoría y la Fiscalía “expedirán sus informes, dictámenes y vistas en un plazo común de diez días corridos”. Y dice que en caso de que no se remitieran en ese plazo, “se entenderá que no existen objeciones, quedando el funcionario autorizado para continuar el trámite”.
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