Allanan empresas de Cristóbal López por la deuda con la Afip

La jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia ordenó ayer una serie de allanamientos en dependencias de compañías del Grupo Indalo, propiedad del empresario allegado al kirchnerismo Cristóbal López, sospechado de eludir pagos al fisco por ocho mil millones de pesos.

Según informaron fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los operativos estuvieron a cargo de Prefectura y Gendarmería y abarcaron la sede del canal de noticias C5N, instalaciones de la petrolera Oil -dos de ellas en Comodoro Rivadavia-, la firma de auditoría contable Deloitte y dos agencias de la Afip.

Los allanamientos ocurrieron días después de que la Afip denunció penalmente a los titulares del Grupo Indalo, López y Fabián De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.

Fuentes del caso indicaron que la jueza Straccia dispuso los procedimientos a raíz del requerimiento realizado por el fiscal Germán Bincaz para dar impulso a la investigación. Los portavoces remarcaron que el expediente -donde se analiza la presunta comisión de los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y obtención indebida de beneficios económicos- está “bajo secreto de sumario”.

EL GRUPO "COLABORO"

El Grupo Indalo emitió un comunicado en el que confirmó los operativos y aseguró que “colaboró facilitando toda la documentación solicitada en tiempo y forma”.

“Asimismo, a través de sus abogados, dentro de las 72 horas se presentará voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada durante las diligencias”, añadió.

Además, Indalo reveló que “el martes 15 de marzo de forma espontánea se presentaron ante el Juzgado el señor Cristóbal López y el señor Fabián De Sousa para ponerse a disposición de la Justicia”. Y aseguró que “trabaja desde hace muchos años con transparencia y está siempre a disposición de los requerimientos de los diferentes poderes del Estado para informar de todas sus actividades”.

El caso tomó vuelo a raíz de una investigación periodística del diario La Nación, que el último domingo reveló que durante cuatro años el Grupo Indalo se habría quedado con unos ocho mil millones de pesos que debía tributar al Estado en concepto de impuesto a los combustibles.

Hasta el presidente Mauricio Macri habló del caso: “Cristóbal López tiene que explicar por qué retuvo indebidamente $ 8.000 millones. Ese no era su dinero. El no puede quedarse con el dinero público para invertir. La explicación fue disparatada e inaceptable. Lo que han hecho está totalmente fuera de la ley, con la pasividad y complicidad del gobierno anterior”.

El lunes la Afip, dirigida por Alberto Abad, radicó una denuncia en el fuero Penal Económico que recayó en el juzgado de Straccia, quien pidió la ratificación de la denuncia y giró las actuaciones al fiscal Bincaz para que diera inicio a la investigación.

Es en ese marco que tuvieron lugar los allanamientos dispuestos hoy en distintas sedes de Indalo, en busca de documentación contable, financiera e impositiva para “hacerse de la prueba” que permita avanzar en la primera parte de la investigación, indicaron las fuentes. Según la Afip, el Grupo Indalo se benefició con dos planes especiales de pago conocidos como “del artículo 32” haciendo un presunto “aprovechamiento abusivo” de los programas para empresas y contribuyentes con dificultades.