La tragedia que causó un patrullero abre más dudas sobre la capacitación policial

La muerte de un hombre a raíz de que un patrullero policial se incrustó en su domicilio, mientras la víctima se encontraba descansando en el dormitorio de su vivienda en Gregorio de Laferrere, ha reabierto, inevitablemente, un debate sobre la debida capacitación de los uniformados en la fuerza policial de la Provincia.

Al margen de que ese análisis pueda resultar, lamentablemente, tardío, importa de una vez por todas acordar políticas de formación policial que resulten eficaces. El propio ministro de Seguridad bonaerense acaba de señalar que este tipo de hechos -por otra parte, reiterados- deriva de la falta de capacitación de los policías.

Más allá de las características de este caso -que deberán ser dilucidadas por las investigaciones judicial y administrativa en marcha- corresponde consignar que el funcionario consideró que el accidente puede tener que ver con el hecho de que los policías, en sólo cinco meses de acelerados cursos, salen de la escuela y son incorporados a los patrulleros.

¿Es suficiente un entrenamiento de algo menos de un semestre para formar a un policía? El interrogante, por supuesto, plantea más dudas que certezas. Para que un individuo se convierta en depositario de la confianza pública, que supone el debido ejercicio de la función policial, necesita de una adecuada capacitación profesional y una rigurosa evaluación de sus condiciones psicofísicas. Resultaría prematuro e impropio abrir juicio sobre el caso particular, pero no puede dejar de reconocerse que estos trágicos episodios actualizan interrogantes que estremecen a la ciudadanía.

Es una obviedad decir que un policía debe representar una garantía y no una amenaza para el ciudadano. Cuando se observa una inversión de esos roles esenciales, resulta inevitable una sensación colectiva de temor y desconfianza.

Cabe esperar que este hecho -sin duda lamentable- se convierta en disparador de un debate serio y de fondo sobre la profesionalización policial y acerca de la mejor evaluación a la que debe ser sometido todo aspirante a integrar una fuerza de estas característicasl. Las primeras reacciones oficiales han estado orientadas en esa dirección. Pero la experiencia obliga a remarcar, desde este espacio, la necesidad de no incurrir en reacciones espasmódicas sino en trazar un punto de partida para una revisión de fondo, consistente, estructural y -por supuesto- conducente para la profesionalización de los planteles policiales.

Sigue además pendiente la puesta en funcionamiento de la Policía Judicial, incorporada por la reforma de la Constitución provincial en 1994 y avalada por diversas leyes. Sin embargo, no se logra salir de una suerte de ciclo indefinido de marchas y contramarchas.

En cuanto a la cuestión de fondo, la carrera policial debe estar fundada en criterios sólidos y sustentables. No puede ocurrir -como ha ocurrido- que de una gestión a otra se incurra en giros drásticos, que se desarticule lo que había sido creado durante años y que se debiliten estructuras que lleva décadas consolidar. Las academias de policía deben recuperar estándar de excelencia técnica y académica. Y para ello debe existir una estrategia de largo aliento, sin los movimientos bruscos y pendulares que caracterizan desde hace ya mucho tiempo a la política de seguridad.