El Gobierno brasileño incrementó ayer su presión ante los tribunales y la policía, ante el cerco que la justicia ha tendido alrededor del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por corrupción.
El abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, anunció que recurrirá ante la Corte Suprema la decisión cautelar que congeló el nombramiento de Lula como ministro y que, en consecuencia, le privó del fuero privilegiado y permitió que su proceso siga en una corte común.
La decisión cautelar tomada por el magistrado Gilmar Mendes supuso un mazazo para Lula, que ahora podría ser procesado por el cuestionado juez Sergio Moro, el principal responsable del caso de corrupción en la petrolera Petrobras. En su sentencia, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente” con el propósito de “impedir” un posible arresto de Lula.
SUSCRIBITE a esta promo especial