El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva apeló al Tribunal Supremo para evitar que el proceso abierto en su contra vuelva a la jurisdicción del juez Sergio Moro, el responsable del caso de corrupción en Petrobras. El magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes anuló el viernes el nombramiento de Lula como ministro en el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con lo que lo privó de fueros privilegiados asociados a ese cargo y ordenó que su causa reg+rese al tribunal de Curitiba dirigido por Moro. Este juez, responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso Petrobras, también ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y autorizó escuchas telefónicas para investigar al ex mandatario. Según los defensores de Lula, el juez Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto contra Lula, investigado por delitos de lavado de dinero y ocultamiento de bienes. Por eso solicitaron a otro juez de la Corte, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de forma cautelar, hasta que el pleno del máximo tribunal analice el caso.
En su pedido, los abogados indican que Moro realizó escuchas “ilegales” a Lula, a su familia y al estudio de abogados que lo representa y luego ordenó la divulgación de los audios, incluyendo conversaciones entre el ex presidente y Rousseff. La fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y ocultar que es dueño de un lujoso departamento en un edificio de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de coimas de Petrobras. En paralelo, la Abogacía del Estado también apeló la decisión del Supremo que impide que Lula asuma como jefe de Gabinete.
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