La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó ayer que la decisión del Tribunal Supremo de reservarse todo lo relativo a la investigación por supuesta corrupción contra su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, “establece la primacía de la ley”. Según Rousseff, “la base del Estado democrático es el cumplimiento de la legislación”.
La Corte retiró el martes la averiguación sobre Lula del ámbito del juez federal Sergio Moro, magistrado de Curitiba y responsable de investigar el caso de coimas en la petrolera estatal Petrobras, y decidió que será el propio Tribunal Supremo el que llevará lo relativo al ex presidente. La decisión fue tomada después de que Moro difundiera los audios de escuchas telefónicas a Lula, autorizadas por la Justicia por su condición de investigado, en las que incluyó diálogos con la propia Rousseff.
El Gobierno condenó la difusión de audios en los que aparecía la presidenta, y Moro la justificó diciendo que Rousseff fue grabada en forma “fortuita”, porque el teléfono intervenido era el de Lula.
La difusión se hizo tras el nombramiento de Lula como jefe de gabinete de Dilma. Moro explicó que, a su entender, el contenido de los audios era de “interés nacional”. La oposición objetó el nombramiento de Lula ante la Justicia tras conocerse esos audios, al considerar que se buscaba “blindarlo” con fueros privilegiados y dilatar la investigación, que saldría de la órbita de Moro para recalar en el Supremo.
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