El debate por un protocolo “antipiquetes” propuesto por Julio Garro para “regular” las manifestaciones en la Ciudad tuvo esta semana su primera insinuación formal, dejando más que anticipada la instalación de una fuerte polémica. La oposición ya se pronunció en contra, argumentando la intención de “criminalizar la protesta y limitar la libertad de expresión”, y otros sectores políticos evalúan sus posturas frente a la medida que pretende una solución a los recurrentes cortes de tránsito.
La iniciativa fue presentada el lunes en el Concejo Deliberante por el presidente del cuerpo, Fernando Ponce. El Intendente había adelantado la idea días antes y explicado que no se busca cercenar el derecho a manifestarse, sino “conciliarlo con el derecho a transitar libremente”. De aprobarse, las protestas serían “programadas” y no se podrá quemar gomas ni utilizar pirotecnia, que, entre otros, serán actos susceptibles de la intervención policial bajo la modalidad establecida para los delitos cometidos en flagrancia.
El espíritu de la ordenanza va en consonancia con el protocolo impulsado por la ministra Patricia Bullrich para implementar en territorio federal, un procedimiento que desde su creación, a principios de febrero, no ha sido puesto en práctica totalmente. Hasta verlo concretado nadie podrá asegurar la garantía de su éxito y el antecedente intermedio establecido en el Código Contravencional porteño –que aplica multas a los cortes de tránsito- cuenta con un sinuoso nivel de cumplimiento.
A FAVOR Y EN CONTRA
Como era de prever, el tema se coló de lleno en el recinto del Concejo el miércoles en el acto conmemorativo del Día de la Memoria.
En Cambiemos están convencidos de que es hora de abrir el debate para encontrar la forma de que las manifestaciones no conviertan cada mediodía al Centro en un laberinto para peatones y automovilistas. Pero el frente Progresistas, el Frente para la Victoria y el FpV Nacional y Popular manifestaron su preocupación y se pronunciaron en contra. No dejaron de señalar como un ejemplo de lo que podría ocurrir, los graves incidentes del 8 de enero en la puerta del palacio municipal, en el que una decena de manifestantes acabó herida de balas de goma ante un claro exceso en el accionar de la Gendarmería.
Si cuenta con el apoyo de su aliado, el Frente Renovador, y de los dos monobloques vecinalistas, el oficialismo conseguiría el número para la sanción. Pero las reglas de la política no son sólo matemáticas. Porque mientras la sociedad platense, saturada de convivir entre piquetes que ya son folklore del epicentro administrativo de la Provincia, reclama que se avance con una medida, cabe la pregunta de si el protocolo servirá para paliar los trastornos de ese fenómeno o si su implementación sólo aportará más conflictividad al problema subyacente que origine la protesta.
¿Acatarán las organizaciones sindicales y sociales la orden de anunciar sus protestas y las enmarcarán en las nuevas reglas? ¿Actuarán las fuerzas policiales con la pericia necesaria en el tenso clima que pueda crearse? ¿Se encontrará ese justo medio que respete los derechos de todos? Son preguntas que en el Concejo Deliberante merecen su análisis ahora, porque la sanción de una norma que después no se haga cumplir no tendría más sentido que el de un título en los medios.
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