En 2007, con el consentimiento de los vecinos, se elaboró un proyecto de urbanización de La Fábrica. En 2014 ese plan fue reflotado por autoridades nacionales, provinciales y comunales, quienes firmaron un convenio del que también participaban la UNLP y la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, con el objetivo de “impulsar un plan de desarrollo urbano arquitectónico para la regularización dominial y mejoramiento de la calidad habitacional del barrio”.
Ese plan, que contemplaba un exhaustivo estudio de la facultad de Arquitectura, mencionaba que “la situación vigente somete a los habitantes del barrio a una situación de informalidad jurídica que les impide acceder a mejoras que brindan los servicios públicos para la vivienda, como agua potable, gas o cloaca”, por no contar con la documentación que respalda la titularidad de las propiedades.
Para tal fin, se iba a conformar una mesa de trabajo que se ocuparía de delinear, entre otros aspectos, un relevamiento de habitantes en el barrio y las obras de infraestructura que permitirían relocalizar familias dentro del predio. La facultad de Arquitectura preparó por entonces un plan que preveía, entre otros puntos, “incorporar nuevos lotes y viviendas, abrir nuevas calles y organizar espacios comunes, lo que permitiría liberar los edificios históricos de la ocupación de los vecinos, para ser restaurados y reutilizados en actividades comunes del barrio”. Sin embargo, por ahora, ese proyecto sigue “en veremos” y ha dado lugar a conflictos (ver nota principal).
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